Renta básica

2006-06-12T23:46:00.000+02:00

La rebelión de los costes y la renta de los iguales

III Encuentro internacional de Renta Básica

Marta García, Ruth López y Vanesa Izquierdo (Miembros de BALADRE, Coordinación Estatal de luchas contra el paro, la pobreza y la exclusión social)

DIAGONAL, 31. Mayo 2006

La idea de un ingreso ciudadano garantizado y universal volvió a discutirse en el encuentro internacional de Renta Básica, con el trasfondo de las últimas protestas en Alemania contra la precariedad.

Dos años han pasado desde e segundo encuentro en Barcelona, y lejoa queda aquel primero de Málaga (2002). Igualmente resultan muy alejadas las discusiones sobre qué se entendía por Renta Básica (RB). Ahora en Hamburgo, los días 29 y 30 de abril, nos volvimos a encontrar personas y grupos de Argentina, Gran Bretaña, Suiza, Bélgica, del Estado Español y, por supuesto, Alemania. Se utilizó como espacio el encuentro denominado “La rebelión de los costes II”, que asume en su denominación una respuesta contundente al ministro alemán de economía, que denominó a las personas que perciben prestaciones sociales como los costes, los improductivos.

Fue a finales del 2003, cuando algunos colectivos de personas desempleadas alemanas, que percibían prestaciones sociales, comenzaron a desarrollar concentraciones en Berlín y ciudades fundamentalmente del Este de Alemania. Casi sin darse cuenta, a lo largo de los primeros meses del 2004, se creó una coordinación en contra de la pretensión de reducir la protección social mediante la progresiva implantación de la Ley Hartz IV (que supone medidas como el paso de prestaciones individuales a prestaciones por unidad de convivencia, la imposibilidad de emancipación hasta los 5 años a los descendientes de perceptores de ayudas sociales por ser considerados potenciales perceptores, o gestión de bolsas de trabajo en las oficinas de empleo que la gente tiene que aceptar por el salario de 1/h). Fue en este marco de movilizaciones, donde se organizó un primer encuentro internacional sobre precariedad y derechos sociales bajo el título de: “Los costes se rebelan”. En aquella ocasión dos compañeras de BALADRE participaron introduciendo la propuesta de le renta básica fuerte. Meses después (octubre de 2004, en Barcelona) eran las compas alemanas quienes acudían al segundo encuentro internacional sobre la RB fuerte.

Ahora, en Hamburgo, estos grupos de base han hecho una gran apuesta por la Renta Básica de los iguales (RBis) traduciendo muchos de los textos elaborados por BALADRE. Traducirán también al alemán el texto último de José Iglesias, ¿Hay alternativas al capitalismo? La Renta Básica de los iguales”.

Pues bajo esta “rebelión”, estas compañeras son las artífices de que el debate sobre la RBis haya tomado otra dimensión en Alemania y países cercanos. Nos sorprendió que 500 personas se reúnan para levar a cabo debates en torno a los cuatro grupos de trabajo en que se ha estructurado el enecuentro: modelos de renta básica, propuestas relativas al mercado laboral, renta básica en un mundo sin fronteras y estrategias de lucha para conseguir derechos sociales.

Nos vamos ilusionados por lo mucho que se ha a avanzado en 12 años, y más en concreto, en lo específico de los encuentros internacionales de Renta Básica. La declaración final (ver recuadro) es la mejor constatación de lo que decimos.

Algunos puntos para entender la propuesta

La RBis no es ninguna alternativa en sí misma, sino un instrumento para un proceso de cambio.

En la medida que se iba desarrollando el modelo fuerte de RB se iba transformando más y más en una prestación que consideraba a todas y cada una de las personas como ciudadanos y ciudadanas de igual derecho. El modelo de RBis se define como:

• INDIVIDUAL: no es la familia, sino la persona quien es el sujeto de este derecho. Ciudadano como sujeto de la igualdad.

• UNIVERSAL: además de ser no contributiva, es para todos y cada uno de los ciudadanos. Igualdad de los ciudadanos ante las condiciones.

• INCONDICIONAL: además de no estar sujeta al mercado de trabajo, el nivel de ingresos tampoco justifica ninguna discriminación. Igualdad del ciudadano ante las exigencias.

• CUANTÍA/EQUIDAD: la cantidad a percibir por los ciudadanos será la misma para todas las personas, con independencia de la edad, los ingresos, el género, etc. Igualdad de la renta a percibir.

• PARTICIPACIÓN: a la hora de distribuir la parte del Fondo de Renta Básica destinado a la mejora de los bienes y servicios públicos, todos los ciudadanos (sujeto social activo) tienen el mismo derecho a intervenir en los debates para tal asignación. Igualdad por derecho de ciudadanía.

• REFUNDICIÓN: la refundición, en su proceso de sustituir la mayoría de las prestaciones actuales por la RBis, acabará haciendo que todos los ciudadanos disfruten uniformemente de este nuevo derecho. Igualdad equitativa.

• DESDE LA BASE SOCIAL: la movilización por la consecución de la RBis, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, se hace con la participación de personas y movimientos sociales (sujeto social activo) en una relación de igualdad.

2006-03-09T22:54:00.000+01:00

La Renta Básica: el derecho a una vida digna

Arian, núm. 45, julio 2003

David Casassas e Irkus Larrinaga

En un mundo en el que los 84 individuos más ricos poseen una riqueza que excede el PIB de China, un país de 1.300 millones de habitantes; en un mundo en el que la mitad de nuestra especie, la más desheredada y vulnerable, 3.000 millones de personas, vive con menos de 2 dólares al día; en un mundo en el que, tanto en el Sur como en el Norte, las políticas tradicionales para la lucha contra la pobreza y la exclusión –si las hubo- se muestran, cada día más, incapaces de lograr sus objetivos; en un mundo en el que la vieja aspiración a un pleno empleo que garantice la seguridad en los ingresos aparece, de un modo cada día más claro, como una auténtica quimera –sólo quienes caen en lo que se ha dado en llamar falacia trabajista están dispuestos a negar la evidencia de que tratar de garantizar un trabajo digno, con sentido y útil para toda la población es, a día de hoy, un sinsentido-; en un mundo en el que los subsidios condicionados propios del Estado de Bienestar tradicional –donde lo hubiere-, que se perciben sólo a condición de que uno se halle en una situación límite y pueda demostrarlo, presentan graves problemas -exigen una complejidad administrativa que los hace excesivamente costosos; estigmatizan a sus preceptores; son esencialmente curativos, en ningún caso preventivos; y, por último, no permiten otras fuentes de renta, cuya percepción implicaría la pérdida del subsidio-; en un mundo de estas características, se hace imprescindible definir nuevos instrumentos para las políticas sociales que doten al conjunto de la ciudadanía de herramientas eficaces, contundentes y decisivas para hacer frente con mayor eficacia al problema de la pobreza y la exclusión. En este escenario, la propuesta de la Renta Básica -un ingreso universal, individual e incondicional suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar por el Estado a cada miembro de la sociedad como un derecho, es decir, sin otra condición que la ciudadanía o residencia- va cobrando mayor importancia y significado.

Una Renta Básica –RB, en lo sucesivo-, al asegurar la continuidad de unos ingresos básicos equivalentes al umbral de la pobreza, no sólo acabaría con la pobreza –económica-, sino que además, haría posible dos realidades de suma importancia. En primer lugar, conferiría a los trabajadores y trabajadoras un poder de negociación que permitiría negarse de forma efectiva a aceptar condiciones laborales alienantes, de modo que se reduciría la dominación de unos individuos por parte de otros. Y, en segundo lugar, y gracias, precisamente, a dicho poder de negociación, haría factible también plantearse formas alternativas de acceso al trabajo -y de organización del mismo- que permitirían materializar una suerte de vía indirecta al trabajo y, a la vez, aspirar a grados de realización personal, por parte de los trabajadores y trabajadoras, nada menospreciables.

Parece razonable pensar que la seguridad en los ingresos que la garantía de una RB supondría impediría que los trabajadores se viesen impelidos a aceptar una oferta de empleo bajo cualquier condición. Resulta evidente que no es lo mismo romper unas negociaciones laborales con unos recursos considerables a nuestra disposición, que hacerlo sin contar con ningún tipo de apoyo. Si uno “no tiene donde caerse muerto”, difícilmente podrá negarse a propuestas por parte de los empleadores que realmente no le convengan. Así, desde el momento en que la salida del mercado de trabajo resultase materialmente posible, la relación laboral se mostraría menos coercitiva.

Las hondas potencialidades de la RB como nueva herramienta para las políticas sociales y laborales se perciben de forma clara cuando se toma conciencia del hecho de que, además, podría desencadenar unas energías productivas que hoy quedan bloqueadas por el hecho de estar, los trabajadores y trabajadoras, atados de pies y manos a unas ocupaciones de las que dependen para sobrevivir –y que, normalmente, bien poco los realizan-. Con una RB, precisamente porque ésta asegura cierta independencia material; precisamente porque facilita que en el mercado de trabajo todo el mundo pueda mirar a todos a los ojos, sin tener que agachar la cabeza, se podría optar por formas de ocupación que hoy quedan taponadas por los lazos de dependencia económica, formas de ocupación en las que se podrían reducir las diferencias salariales y en las que los trabajadores podrían contar con mayores posibilidades de autorrealización.

En definitiva, merece la pena preguntarse si, dada la imposibilidad de garantizar al conjunto de la ciudadanía el acceso a una ocupación digna, con sentido y útil, una ocupación que hasta hace poco ha sido vista como la única forma de conseguir cierta seguridad en la renta, la RB puede actuar como un mejor mecanismo para asegurar, de entrada, el acceso a la renta; y, a partir de ahí –y a través de los mecanismos descritos-, el acceso a la ocupación: a otras –mejores- formas de ocupación.

Es en este sentido en el que debe hablarse sin complejos del derecho a la RB; del derecho a la RB como el derecho a una libertad -real- para definir los planes de vida propios –muy señaladamente, para definir libre y autónomamente una trayectoria profesional-; del derecho a la RB como el derecho a sentirnos ciudadanos y ciudadanas, en un sentido no vacío del término, porque podamos decidir sobre nuestras propias vidas y, a partir de ahí, participar en procesos colectivos de toma de decisiones sin que exista la posibilidad de ser objeto de chantajes; del derecho a la RB, en suma, como el derecho a una vida digna.

2006-03-08T19:22:00.000+01:00

Carta al Presidente de Bolivia, Evo Morales

del senador Eduardo Matarazzo Suplicy

15/01/06

Excelentísimo Señor Presidente Evo Morales. República de Bolivia

Estimado Presidente Evo Morales

Congratulaciones por su extraordinaria y importantísima elección para la Presidencia de la República de Bolivia con 54% de los votos del pueblo de su país en la primera vuelta. Creo que se trata de un evento tán importante para los pueblos amantes de la democracia y de la lucha por la realización de la justicia cuánto fueron las elecciones históricas de Salvador Allende en Chile, de Nelson Mandella en Sudáfrica, y de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Acompaño con mucha atención sus pronunciamientos en favor de la real soberanía del pueblo boliviano, de la democracia que haga sentido para todas las personas, especialmente para los que permanecerán olvidados y que no obtuvieran sus plenos derechos a la ciudadanía por tanto tiempo en la historia. Considero muy importante su planteamiento para que Bolivia se integre lo más pronto a los países del MERCOSUR. Esta integración debe desde ahora considerar los libres movimientos no solamente de bienes, servicios y capitales, pero sobretodo de los seres humanos. Más que eso, hay que pensar en un gradual avanzo de los derechos sociales sobre el comercio en las Américas, si deseamos una real integración.

Es importante su ponencia para que Bolivia pueda cobrar 50% de impuestos o de royalties sobre la explotación de sus recursos naturales, asegurando así que todo el pueblo pueda participar de la riqueza de la nación. A respecto de ese punto gustaría de ponerme a su disposición para debatir con las autoridades del nuevo gobierno y del Congreso Nacional de Bolivia sobre las formas de creación de un Fondo Nacional Ciudadano de Bolivia, que dará la posibilidad a todos los cerca de 9 millones de bolivianos de recibir una renta básica incondicional.

En Brasil hoy el Programa Bolsa-Escuela está en intensa expansión. Las familias con ingreso mensual per capita hasta R$ 100,00 tienen el derecho de recibir un beneficio que es igual a R$ 15,00, R$ 30,00 o R$ 45,00 - dependiendo si la familia tiene uno, dos, tres o más hijos hasta 16 años - y más R$ 50,00 si el ingreso mensual per capita no alcanza R$ 50,00. Como contrapartida las familias tienen que probar que sus niños y niñas hasta 6 años estén tomando las vacunas recomendados por el Ministerio de la Salud y que las de 7 hasta 16 años frecuenten la escuela.

Es muy relevante que en 8 de enero de 2004 el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la Ley 10.835 que instituye por etapas, a partir de 2005, una renta básica de ciudadanía, empezando por los más necesitados, hasta que todos los brasileños, y incluso los extranjeros residentes en Brasil hace más de cinco años, tengan el derecho de recibirla. Esta renta será paga igualmente a todos en parcelas mensuales o anuales.

Bolivia está en situación muy propicia para considerar seriamente la experiencia tán positiva que existe en el Estado de Alaska, en los EUA. En los años 60, el alcalde de Bristol Bay, una villa de pescadores, percibió que de aquel lugar salía una gran riqueza en la forma del pescado, aunque muchos de sus habitantes fueran demasiado pobres. El alcalde propuso un impuesto de 3% sobre el pescado para crear un fondo que pertenecería a todos. Hubo enorme resistencia. Fueron necesarios cinco años para persuadir a todos. Pero el hecho fue tán bien sucedido que diez años después él se tornó el gobernador del Estado de Alaska. Jay Hammond era su nombre.

En los años 60 Alaska descubrió que tenía enorme reserva petrolífera. En 1986, el gobernador dijo a sus 300.000 conciudadanos: “Hay que pensar no solamente en la generación presente, pero también en la futura. El petróleo, como otros recursos naturales, no son renovables. Vamos separar 50% de los royalties provenientes de la explotación de los recursos naturales para crear un fondo que será de todos.”. La propuesta fue aprobada por la Asamblea Legislativa y también por un referendo popular. Desde los años 80 los recursos así obtenidos son invertidos en títulos de renta fija, acciones de empresas de propio Alaska, de los EUA e internacionales y en emprendimientos inmobiliarios. El valor del Fundo Permanente de Alaska ha crecido de US$ 1 mil millones de dólares en 1980 para US$ 32 mil millones de dólares en 2005.

Cada persona residente en Alaska hace un año o más, de cualquier origen, raza, sexo o edad tiene el derecho de recibir anualmente un dividendo que subió de cerca de US$ 300.00 en lo inicio de los anos 80 para US$ 1963.86 en 2000, y US$ 845.76 en 2005. En los anos 90 el Estado de Alaska distribuyó 6% de su Producto Doméstico Bruto a todos sus habitantes, que actualmente llegan a 700.000. Como consecuencia, el Alaska se tornó el más igualitario de todos los estados norteamericanos. De 1989 a 1999, el ingreso medio de las familias 20% más ricas de los EUA creció 26%. De las familias 20% más pobres creció 12%. En Alaska, en el mismo período, el ingreso medio de las familias 20% más ricas creció 7%; de las familias 20% más pobres creció 28%, cuatro veces más.

Estoy cierto de que este es el padrón de desarrollo que UD. desea ver en Bolivia, así como lo deseamos en Brasil.

Transmití al Presidente del Senado brasileño, el Senador Renan Calheiros, que me sentiré honrado en representar el Senado en el histórico 22 de enero en La Paz.

Mis saludos cordiales.

2006-03-06T23:14:00.000+01:00

Renta básica

La Opinión. A Coruña, 29-10-2004

Carlos Etcheverría

En los últimos años se viene debatiendo una propuesta que pretende para todos los ciudadanos un mínimo grado de independencia socio-económica que les permita alcanzar la libertad real. El jueves 21, se presentó el libro cuyo título encabeza este artículo, obra del profesor de la Universidad de Barcelona Daniel Raventós. Invitado por el Ateneo Republicano, el autor hace una nueva incursión en este tema tan apasionante como novedoso, después de la publicación de El derecho a la existencia. Estamos ante el experto más caracterizado en la materia de España. Se trata de implantar un renta modesta pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho, y no sujeta a otra condición que la de ciudadanía o residencia.

La originalidad estriba en que no se trata de una renta de inserción o subsidios condicionados propios del Estado del bienestar.

Constituye una forma de acceso a la renta, independiente de la realización de un trabajo remunerado, y se justifica desde el republicanismo por el compromiso con la defensa del principio de libertad como no-dominación, entendida esta como la que disfruta una persona cuando vive en presencia de otras personas sin interferir de forma arbitraria en las decisiones que aquella pueda tomar. Es una forma de lucha contra la pobreza, y se caracteriza por su carácter preventivo de la exclusión social, por sus incentivos al empleo y por su capacidad para evitar cualquier tipo de estigmatización social.

Las críticas que ha recibido se han demostrado inconsistentes, tanto respecto a su financiación como a que haya de fomentar la ociosidad. Por el contrario, sus ventajas añadidas son múltiples.

Les recomiendo la lectura de este libro como remedio para combatir la decepcionante y cada vez más acusada desigualdad social.

Carlos Etcheverría es presidente del Ateneo Republicano de Galicia

2006-03-03T16:33:00.000+01:00

La Renta Básica de Ciudadanía como derecho de existencia

María Julia Bertomeu y Daniel Raventós

Red de Renta Básica

“… era una pobre… en una palabra, que vivía de su trabajo…” (Crimen y castigo, Fiodor Dostoievsky)

La difusión de cualquier propuesta social y política alternativa novedosa es condición necesaria de su aplicación. Pero cuando se extiende al acelerado ritmo con que van esparciéndose las ideas programáticas de la Renta Básica (RB, a partir de ahora), es inevitable que surjan confusiones. Aquí expondremos las características generales de la RB que ayudan a despejar las confusiones más habituales, esbozaremos algún ejemplo de cómo podría ser financiada; y apuntaremos brevemente a su justificación normativa y a su oportunidad política en el mundo actual.

I. DEFINICIÓN

La RB es un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.

“Un ingreso pagado por el Estado”. “Estado” puede incluir una institución jurídico-política mayor que la de los Estados-nación realmente existentes, como sería el caso de la Unión Europea; o puede referirse a ámbitos jurídico-políticos menores que el del Estado-nación.

“A cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente”. En los distintos modelos de financiación de la RB hay variaciones de cuantía, de edades (más o menos cantidad según la edad), de inclusión o no de los menores, etc. Pero en todos los casos se trata de una cantidad monetaria que recibirían los ciudadanos individualmente (no por familia, por ejemplo) y universalmente (1) (no condicionado a determinados niveles de pobreza, pongamos por caso).

“Incluso si no quiere trabajar de forma remunerada”. Aunque luego insistiremos sobre este aspecto, ahora solamente queremos dejar apuntado que muy a menudo se interpreta “trabajo” como sinónimo de “trabajo remunerado” o “empleo”. Hay buenas razones para pensar que la siguiente tipología es más adecuada: 1) Trabajo con remuneración en el mercado, 2) Trabajo doméstico, y 3) Trabajo voluntario (2).

“Sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta”. A diferencia de los subsidios condicionados a un nivel de pobreza o de situación, la RB la recibe igual un rico que un pobre. Si la RB es concebida como un derecho de ciudadanía (como implícitamente puede desprenderse de la definición), excluye toda condición adicional. Como el derecho ciudadano al sufragio universal, la propuesta de la RB no impone condiciones adicionales a las de ciudadanía.

“Sin importar con quién conviva”. La RB no favorece una forma de convivencia determinada. Ya se trate que en un mismo techo viva una pareja heterosexual, o personas de varias generaciones, o un grupo de amigos o una pareja homosexual, son formas de convivencia completamente independientes del derecho a percibir una RB.

La RB no es una subvención, un subsidio o un seguro condicionado. Ni presupone la satisfacción de algún requisito, por ejemplo, demostrar un determinado estado de pobreza, estar buscando trabajo remunerado, o haber perdido el empleo, por cualquier circunstancia. Esta característica tan distintiva de la RB, la de no estar condicionada a requisito alguno distinto de la ciudadanía o residencia acreditada, la distingue claramente, por poner solamente algunos ejemplos, del subsidio de desempleo, de los subsidios agrarios, de los programas como “jefes y jefas de familia”, etc.

Puede observarse que la RB es formalmente laica, incondicional y universal. Se percibiría, en efecto, independientemente del sexo o de la raza a los que se pertenezca, del nivel de ingresos que se posea, de la confesión religiosa que se profese y de la orientación sexual que se tenga (3).

II. LAS CRÍTICAS Y LAS CONFUSIONES

La propuesta de RB se viene desarrollando a lo largo de los últimos cuatro lustros (4), tanto desde el punto de vista filosófico como económico. Junto a este avance han aparecido multitud de críticas. Hacer un inventario de estas críticas sería demasiado extenso y no sería muy útil. Sí, en cambio, creemos que seleccionar algunas de las que continúan repitiéndose, puesto que otras ya han sido abandonadas hace tiempo, puede ayudar a una mejor comprensión de la RB. Nos concentraremos en las siguientes: 1) La RB fomentará el parasitismo; 2) La RB al ser universal no permite una buena lucha contra la pobreza (por tanto, son mejores los subsidios condicionados dirigidos a los pobres); 3) La RB solamente está pensada para países ricos; 4) La RB es muy costosa e imposible de financiar.

II.1 Fomentará el parasitismo

En esta crítica acostumbra a haber algunas confusiones. Entre otras: A) la que equipara trabajo, con trabajo monetariamente remunerado, B) la que identifica no estar percibiendo ninguna remuneración monetaria por una actividad, con “no estar haciendo nada”. Veamos ambas confusiones más de cerca.

Hay una serie de actividades (trabajos) por los que no se percibe ninguna remuneración monetaria a cambio. Como hemos apuntado más arriba, la tipología que nos parece mejor establecida es: trabajo con remuneración monetaria, trabajo doméstico y trabajo voluntario (5). Si el trabajo con remuneración monetaria fuera el único trabajo, entonces las mujeres (mayoritariamente mujeres, por supuesto) que realizan trabajo doméstico no estarían trabajando. Punto que nos permite enlazar con la segunda confusión. No estar realizando un trabajo con remuneración monetaria no equivale a no estar haciendo nada. Es una posibilidad, pero puede ser perfectamente posible que se esté desarrollando trabajo doméstico o trabajo voluntario. Fijémonos que existen muchos “trabajos” por los que se percibe una remuneración (a menudo muy generosa) a cambio y que sería fácil ponerse de acuerdo en que la utilidad social (aunque sea un término muy empleado y difícil de precisar) de los mismos es inexistente o incluso contraproducente. Piénsese, por ejemplo, en las ocupaciones que tienen que ver con los ejércitos (muchos de los cuales han dirigido sus armas contra sus propias poblaciones) o en la de determinados cargos simbólicos, y muy bien remunerados, tanto del sector privado como público, etc. Hecho este breve preámbulo, veamos directamente la acusación de parasitismo que fomentaría la implantación de una RB. Por parasitismo entendemos que incurre quien obtiene un beneficio derivando parcial o totalmente el coste sobre otra persona. La crítica no es exclusiva de la RB. Cualquier medida que haya beneficiado a la población más pobre o con niveles de renta más bajos, siempre ha merecido por parte de las derechas políticas y académicas (con alguna heroica excepción), y las patronales la acusación de que “fomentará el parasitismo”. Justamente la RB permitiría por primera vez en la historia de nuestra especie que todos pudieran poder hacer lo que desde siempre solamente han podido hacer unos pocos, la parte más rica de la población, es a saber, la posibilidad de vivir sin hacer ninguna contribución. Pero, alegará todavía algún crítico insatisfecho, es justo que “el hombre que no trabaje, que no coma”, según se dice en la “Segunda Carta a los Tesalónicos” de Pablo de Tarso. Como ya dejamos escrito en otra parte (6): En nuestro mundo, quien no disponga de tierras o de capital no puede elegir dejar de trabajar para otro, si es que la posibilidad de “no morir de hambre” se considera propiamente una alternativa. La implantación de una RB garantiza la reciprocidad (7); su ausencia la impide. Actualmente, sólo una parte pequeña de la población puede elegir entre trabajar remuneradamente o no hacerlo. Con la RB sería una posibilidad abierta a toda la ciudadanía. El principio paulino “quien no trabaja, no come” solamente es efectivo para los pobres, no para todos los componentes de la sociedad, en ningún caso para los más ricos. Hay ricos que comen y no trabajan.

II. 2 Son mejores los subsidios condicionados dirigidos a los pobres

Otra de las críticas va enfocada a atacar la universalidad de la RB. Se opina, según los partidarios de esta crítica, que son más justificables los subsidios dirigidos a los que “más lo necesitan”. Esta crítica apareció casi en el mismo momento del renacimiento contemporáneo de la propuesta. La RB presenta ventajas técnicas con respecto a los subsidios condicionados dirigidos a los “más pobres”, que podemos resumir en los siguientes puntos:

A) Los subsidios no universales tienen altísimos costes administrativos, en proporción al presupuesto general del programa condicionado. La RB representa una simplificación administrativa como han reconocido incluso algunos de sus críticos. No hace falta añadir que esta característica de la RB puede ser crucial con vistas a una efectiva racionalización de las políticas sociales y de redistribución de la riqueza.

B) La RB se garantiza ex-ante, los subsidios condicionados, en caso de poder tener acceso a ellos, ex-post. Ello convierte a la RB en una medida esencialmente preventiva de la exclusión.

C) La RB permite eludir las llamadas "trampas de la pobreza y del desempleo". Estas trampas aparecen por el hecho de que las cantidades monetarias de los subsidios condicionados no son acumulativas (con ello queremos decir que son subsidios complementarios a una renta ya existente y hasta un umbral establecido). De ahí la inexistencia de estímulos para aceptar ocupaciones a tiempo parcial o de cualquier remuneración. Técnicamente lo podemos expresar de la siguiente manera: el tipo impositivo marginal que se aplica a cada unidad monetaria que no sea la del subsidio condicionado es en muchos casos del 100%, es decir, se pierde una unidad monetaria de prestación por cada unidad monetaria de ingreso salarial que se pueda obtener. Las trampas de la pobreza y del paro, dicho rápidamente, aparecen cuando la percepción de los beneficios, fiscales o de otro tipo, se halla condicionada a la verificación, por parte de las autoridades, de la suficiencia de los ingresos recibidos dentro del mercado laboral. A diferencia de los subsidios condicionados, la RB no constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso.

D) La incondicionalidad de la RB trae consigo también la promesa de erradicar o mitigar diversas prácticas asistenciales fundadas en el clientelismo, y en los diversos y nocivos efectos conocidos de éste: formación de una burocracia parasitaria, formal o informal, y robustecimiento de las relaciones de dependencia.

E) Y aun hay que decir, finalmente, que la RB permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado.

II.3 La RB solamente está pensada para países ricos

Esta es una crítica cuya única parte de verdad reside en el hecho de que los estudios más numerosos y sofisticados de financiación de una RB se han realizado en los países ricos (véase en el siguiente apartado un ejemplo muy reciente). Ello ha sido así porque en los países ricos ha habido mayores posibilidades fiscales para financiar una RB. Hasta aquí la parte digamos “justa” de la crítica. Pero nada más. Desde hace ya algunos años, en países que no podrían ser considerados de ninguna forma en el bloque de los ricos, (Timor Oriental (8), Sudáfrica, Argentina (9), Brasil (10), por poner 4 ejemplos, pero en ningún caso los únicos) empieza a haber interés por la propuesta de la RB. Muchas de las virtudes de la RB quedan aún más subrayadas en las zonas donde más pobreza, dominación y miseria existen. Evidentemente, una RB en Timor Oriental no sería de la misma cantidad de la que debería haber en Canadá o Suecia. Y en Marruecos también sería diferente a la de, pongamos por ejemplo, Alemania. El criterio de “al menos el umbral de la pobreza” es un buen indicador aproximado de la cantidad de RB que permitiría poder vivir en distintas áreas geográficas. La forma de financiación, si bien en los países ricos y también en los que tengan un sistema impositivo mínimamente desarrollado, debe ir íntimamente ligadas a la política fiscal, puede ser muy diferente según los recursos y las posibilidades de cada país.

II.4 La RB es muy costosa e imposible de financiar

La financiación es uno de los aspectos de la RB en que más se ha avanzado en los últimos años. Se han realizado algunas investigaciones para ámbitos geográficos distintos. De entre ellas, explicaremos muy brevemente una que conocemos especialmente bien por haber participado en su elaboración (11). El estudio está basado en una gran muestra de 210.000 declaraciones del IRPF de Cataluña. La propuesta de financiación de la RB consiste en una reforma en profundidad del actual IRPF. El estudio opta por este camino porque se ha tenido acceso a datos individualizados de este impuesto, pero también porque el IRPF es especialmente útil para apreciar, precisamente, la redistribución resultante de la renta. La inmensa base de datos permite un conocimiento exhaustivo de los rendimientos netos susceptibles de ser gravados fiscalmente. Las principales características de la propuesta del estudio son: 1) se establece una RB universal pagada directamente a toda persona de forma incondicional; 2) la RB reemplaza cualquier otro tipo de renta o pensión pública de cantidad inferior (en el caso de que la antigua percepción sea más alta, la RB se complementaría hasta llegar a la citada percepción); 3) la cantidad anual de RB es de 6.000 euros por adulto y de 3.000 euros (12) para los menores de 18 años (13); 4) se establece un tipo único (14) nominal del 55,2% para todas aquellas rentas superiores a la RB, la cual está completamente exenta de impuestos. Este 55,2% nominal es un tipo real o efectivo muy distinto según el decil de renta. Efectivamente, si calculamos el tipo efectivo (el porcentaje que realmente se paga después de haberse transferido la RB) por decilas de renta (es decir, ordenando a la población según renta y dividiéndola en 10 partes), resulta que del 10% al 50% de la población con menos renta, tendría un tipo negativo (del -117% al -4%, respectivamente); en los tramos del 60% al 90%, los tipos efectivos oscilan del 3,2% al 25,8%. Aunque el 55,2% nominal aparenta un tipo muy elevado, el tipo efectivo es muchísimo menor, excepto para los más ricos (cuando la RB representa una porción muy pequeña de la renta global, como resultaría ser el caso de los muy ricos, el tipo nominal y efectivo tienden a igualarse).

Con estas características, el modelo llega a los siguientes resultados: 1) La reforma se autofinancia, es decir, que con el tipo único indicado y la reforma especificada, la RB no debería ser financiada por otros impuestos; 2) La redistribución de la renta que resulta es mucho más igualitaria que en la situación de partida, es decir, la actualmente existente (lo muestran algunos indicadores como el Gini). 3) El 70% aproximado de la población catalana gana, respecto a la situación de partida, con la reforma; el 15% más rico pierde, y el resto quedaría más o menos igual.

Aunque este estudio está basado, como se ha mencionado, en una gran muestra de 210.000 declaraciones del IRPF de Cataluña, su metodología es perfectamente aplicable al conjunto del reino de España con sólo cambiar, obviamente, la base datos.

Como decíamos en otra parte (15) este ejemplo no es exportable sin más a países con medios públicos modestos, como los latinoamericanos. No sólo por la escasez de recursos, sino por la menor capacidad y eficacia fiscal y recaudatoria de sus respectivos gobiernos. Por eso en la Argentina, por ejemplo, los partidarios de la RB (16) proponen un programa de cumplimiento por etapas, empezando por los menores de edad. Se piensa asimismo en la posibilidad de financiar una RB para los países con menos recursos a partir de iniciativas internacionales como el establecimiento de un fondo público constituido a partir de la “tasa Tobin”. En iniciativas como ésta última, la fraternidad internacional entre los pueblos debería venir aquí activamente en socorro de la pericia técnica y del buen sentido económico de las medidas adoptadas.

III. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA: REPUBLICANISMO Y RENTA BASICA

El republicanismo es una tradición milenaria, bien arraigada en el mediterráneo antiguo clásico, y común y justamente asociada a los nombres de Ephialtes, Pericles, Protágoras o Demócrito (en su versión democrático-plebeya) y a los de Aristóteles o Cicerón (en su versión antidemocrática). En el mundo moderno, reaparece también en sus dos variantes: la democrática, que aspira a la universalización de la libertad republicana y a la consiguiente inclusión ciudadana de la mayoría pobre, y aun al gobierno de esa mayoría de pobres—; y la antidemocrática, que aspira a la exclusión de la vida civil y política de quienes viven por sus manos, y al monopolio del poder político por parte de los ricos propietarios. Nombres asociados a ese renacimiento moderno del republicanismo: Marsiglio de Padua, Maquiavelo, cierto Montesquieu, Locke, Rousseau, Kant, Adam Smith, Jefferson, Madison, Robespierre y Marx. Cualesquiera que sean sus diferencias en otros respectos, todos ellos comparten al menos dos convicciones.

Una: que ser libre es estar exento de pedir permiso a otro para vivir o sobrevivir, para existir socialmente; quien depende de otro particular para vivir, es arbitrariamente interferible por él, y por lo mismo, no es libre. Quien no tiene asegurado el “derecho a la existencia” por carecer de propiedad, no es sujeto de derecho propio –sui iuris—, vive a merced de otros, y no es capaz de cultivar ni menos de ejercitar la virtud ciudadana, precisamente porque las relaciones de dependencia y subalternidad le hacen un sujeto de derecho ajeno, un alieni iuris, un “alienado”.

Y la otra: que sean muchos (democracia plebeya) o pocos (oligarquía plutocrática) aquellos a quienes alcance la libertad republicana, ésta, que siempre se funda en la propiedad y en la independencia material que de ella deriva, no podría mantenerse si la propiedad estuviera tan desigual y polarizadamente distribuida, que unos pocos particulares estuvieran en condiciones de desafiar a la república, disputando con éxito al común de la ciudadanía el derecho a determinar el bien público. Como famosamente observó Maquiavelo, cuando el grueso de la propiedad está distribuido entre un puñado de gentilhuomi (de magnates), no hay espacio para instituir república alguna, y la vida política sólo puede hallar algún esperanza en la discreción de un príncipe absolutista (17).

En la tradición histórica republicana (18), el problema de la libertad se plantea así: X es libre republicanamente (dentro de la vida social) si: a) no depende de otro particular para vivir, es decir, si tiene una existencia social autónoma garantizada, si tiene algún tipo de propiedad que le permite subsistir bien, sin tener que pedir cotidianamente permiso a otros; b) nadie puede interferir arbitrariamente (es decir, ilícitamente o ilegalmente) en el ámbito de la existencia social autónoma de X (en su propiedad); c) la república puede interferir lícitamente en el ámbito de existencia social autónoma de X, siempre que X esté en relación política de parigualdad con todos los demás ciudadanos libres de la república, con igual capacidad que ellos para gobernar y ser gobernado; d) cualquier interferencia (de un particular o del conjunto de la república) en el ámbito de existencia social privada de X que dañe ese ámbito hasta hacerle perder a X su autonomía social, poniéndolo a merced de terceros, es ilícita; e) la república está obligada a interferir en el ámbito de existencia social privada de X, si ese ámbito privado capacita a X para disputar con posibilidades de éxito a la república el derecho de ésta a definir el bien público. f) X está afianzado en su libertad cívico-política por un núcleo duro –más o menos grande— de derechos constitutivos (no puramente instrumentales) que nadie puede arrebatarle, ni puede él mismo alienar (vender o donar) a voluntad, sin perder su condición de ciudadano libre.

El conjunto de oportunidades de X, queda caracterizado por la tradición republicana de modo histórico-institucional: el conjunto de oportunidades de X no es cualquier conjunto de oportunidades, sino el particular conjunto de oportunidades, institucionalmente configurado, compuesto por aquellos títulos de propiedad que habilitan a X una existencia social autónoma, no civilmente subalterna.

Es propio de la tradición histórica republicana, considerar que la libertad política y el ejercicio de la ciudadanía son incompatibles con las relaciones de dominación mediante las cuales los propietarios y ricos ejercen dominium sobre aquellos que, por no ser completamente libres, están sujetos a todo tipo de interferencias; ya sea en el ámbito de la vida doméstica, o en las relaciones jurídicas propias de la vida civil, tales como los contratos de trabajo o de compra y venta de bienes materiales (19). La ciudadanía plena no es posible sin independencia material o sin un “control” sobre el propio conjunto de oportunidades. Los republicanos democráticos entendieron esta consigna como uno de los principales objetivos de la política y diseñaron toda clase de mecanismos para garantizarla; los no democráticos la entendieron como un prerrequisito de la libertad política, y excluyeron a quienes no eran sui iuris de la vida política activa. Si la capacidad de votar es lo que cualifica al ciudadano, y si tal capacidad presupone la independencia de quien no quiere ser sólo parte, sino también miembro de la comunidad, porque actúa junto con los otros, pero por su propio arbitrio, entonces algunos republicanos no democráticos, por ejemplo Kant, creyeron necesario trazar una distinción entre ciudadanos pasivos y activos. Como creía el republicano de Königsberg, todos los que tienen que ser mandados, o puestos bajo la tutela de otros individuos, no poseen independencia civil. No la poseen los menores de edad, las mujeres, y los sirvientes, porque no pueden conservar por sí mismos su existencia en cuanto a sustento y protección; tampoco los jornaleros, ni todos aquellos que no pueden poner públicamente en venta el producto de su trabajo y dependen de contratos o arreglos meramente privados de esclavitud temporaria, que brotan de la voluntad unilateral del sui iuris (20).

Lo que hoy consideramos la definición liberal de propiedad, aquella que en el XVIII Sir Blackstone caracterizó como “el dominio exclusivo y despótico que un hombre exige y ejerce sobre las cosas externas del mundo, con exclusión total de cualquier otro individuo en el universo”, que el derecho romano consideraba como el derecho absoluto –dominium- del propietario que no podía ser interferido por nadie, y que algunos teóricos iusnaturalistas supusieron un derecho natural, es, sin embargo, sólo una de las formas históricas que revisten las relaciones sociales en torno a objetos y que constituye la base de gran parte de los Códigos civiles actuales (21). El otro, la propiedad entendida como “control” sobre el recurso poseído, control que confiere independencia o autonomía moral y política, es el concepto de propiedad que interesa al republicanismo. Y no es otro que aquel que permite el desarrollo de “la libre individualidad, que florece cuando el trabajador es propietario privado y libre de las condiciones de trabajo manejadas por él mismo, cuando el campesino es dueño de la tierra que trabaja, o cuando el artesano es dueño del instrumento que maneja como virtuoso, y que sólo es compatible con unos límites estrechos de la producción y de la sociedad” (22). En esta tradición, la independencia que confiere la propiedad no es un asunto de mero interés propio privado, sino de la mayor importancia política, tanto para el ejercicio de la libertad como para la realización del autogobierno republicano, pues tener una base material asegurada es indispensable para la propia independencia y competencia políticas (23).

IV. Renta básica de ciudadanía: Una propuesta para el siglo XXI

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los republicanos democráticos contemplaban dos posibilidades para poder materializar esta concepción de la libertad: 1. universalizar la pequeña propiedad agraria o 2. “una especie de derecho de existencia social públicamente garantizado (Robespierre), o un ingreso material incondicionalmente asignado a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo (Tom Paine), lo que ahora llamamos renta básica garantizada” (24).

En el mundo actual de principios del siglo XXI, la pobreza aumenta sin cesar. Las diferencias entre los países ricos y los pobres es cada vez mayor, las diferencias entre los ricos y los pobres de los países pobres también. Algo que seguramente es menos conocido o más silenciado, es que las diferencias entre los ricos y los pobres de los países ricos están aumentando en los últimos años. Y no solamente en Estados Unidos, donde el 5% más rico de los hogares controlaban el 59% de la riqueza de la nación, mientras que el 40% más pobre disponía solamente del 0,3% (25). Alemania, el país económicamente más poderoso de Europa, el país con la clase obrera más protegida por el Estado, también es un lugar en donde en los últimos años los ricos ganan más y los pobres son más pobres. El 10% de los hogares más ricos de Alemania posee casi el 47% de todo el patrimonio acumulado de los hogares (que si fuera repartido por igual resultaría un monto de 133.000 euros por casa), dos puntos más desde el año 1998 cuando el SPD y Los Verdes llegaron al poder. Mientras, el 50% de la población más pobre sólo dispone de algo menos del 4% del total (26).

Pocos días antes de la reunión que en febrero de 2005 tenían previsto realizar los ministros de Finanzas de los 7 países más ricos del mundo, Nelson Mandela dijo: “La pobreza es obra del hombre y puede ser superada y erradicada por la acción de los seres humanos. Superar la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho fundamental del ser humano, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras haya pobreza no habrá verdadera libertad.”

Las grandes desigualdades sociales son las causas de la falta de libertad. Estas grandes desproporciones en la riqueza, estas inmensas bolsas de pobreza, el hambre conviviendo geográficamente con la más insultante opulencia, todo ello provoca falta de libertad para la inmensa mayoría. Igualdad y libertad no son dos variables a elegir, si más de una menos de otra y viceversa. Las grandes desigualdades crean un problema profundo de libertad para la gran mayoría. El que no tiene la existencia material garantizada debe pedir permiso a otro para poder vivir (27). ¿Qué libertad tiene el trabajador que no sabe si el mes próximo, quizás la semana próxima, seguirá teniendo aquel puesto de trabajo que le proporciona el sustento diario? ¿Qué libertad tiene la mujer materialmente dependiente del marido o amante, que la maltrata, la domina y, a veces, llega a asesinarla? ¿Qué libertad tiene el desempleado que vive marcado con el estigma del subsidio público, si quizás vive en un país europeo, o de la caridad, si vive en un país pobre y tiene algo de suerte? No son libres como no lo es aquella persona que no tiene el derecho a la existencia material garantizada y tiene que pedir permiso a otros para vivir.

Frecuente es la acusación de “falta de alternativas” lanzada por los peritos en legitimación a toda crítica de fondo al sistema económico capitalista. Lo máximo que éstos llegan a admitir es que la calidad de alguna crítica es excelente, pero inoperante puesto que, una vez más, “faltan alternativas”. La propuesta de la RB ha dejado confundido a más de un plumífero satisfecho, y quizás hasta convencido, por tan repetida cantinela, pero una buena Renta Básica de ciudadanía, entendida como forma de garantizar las condiciones materiales de existencia, aumentaría la libertad de la ciudadanía; haría a los pobres y a los desposeídos más independientes, más capaces para hacer oír su voz; de resistir más articuladamente los procesos de desposesión que tienen lugar en todas partes en el nombre de la globalización. Posibilitaría que no tuvieran que vivir con permiso de otros.

Notas:

(*) Una versión anterior de este artículo será publicada próximamente en la revista de la sección argentina de Amnistía Internacional.

(1) Véase, por ejemplo, Jordi Arcarons, Àlex Boso, José Antonio Noguera y Daniel Raventós, La Renda Bàsica de Ciutadania, Barcelona, Mediterrània, 2005.

(2) Véase, para un desarrollo más detallado, Daniel Raventós, El derecho a la existencia, Barcelona, Ariel, 1999.

(3) María Julia Bertomeu, Antoni Domènech y Daniel Raventós, “La propuesta de la Renta Básica de ciudadanía”, Le Monde Diplomatique ediciones argentina, chilena y colombiana, números 73, 54 y 37.

(4) La propuesta de la RB tiene antecedentes muy lejanos en el tiempo. Para un resumen de los antecedentes históricos de la RB véase Yannick Vanderborght y Philippe Van Parijs, L’allocation universelle, París, La Découverte. Entre los pioneros podemos encontrar, entre otros, a Thomas Paine (1737-1809), Thomas Spence (1750-1814); y más recientemente a Bertrand Russell (1872-1970) y George D.H. Cole (1889-1959), primer titular de la cátedra de teoría política de Oxford. De todos modos, y para evitar confusiones, queremos subrayar que la formulación contemporánea que, con pequeñas variantes, sigue la definición que hemos ofrecido, tiene poco menos de 20 años.

(5) Para las respectivas definiciones y tratamiento pormenorizado véase, Daniel Raventós, “Trabajo(s) y Renta Básica”, en Joaquín Arriola y Albert Garcia, Trabajo, producción y sostenibilidad, Barcelona-Bilbao, CCCB-Bakeaz, 2002.

(6) Daniel Raventós, “El salario de toda la ciudadanía”, Claves de Razón Práctica, núm. 106, 2000.

(7) Para un debate sobre la reciprocidad y la RB, véase (para una actitud contraria a la RB) Stuart White, “Liberal Equality, Explotation, and the Case for an Unconditional Basic Income”, Political Studies, 45, 1997. Y del mismo autor: Stuart White, “Fair Reciprocity and Basic Income”, en Andrew Reeve y Andrew Williams (Editores), Real Libertarianism Assessed. Political Theory after Van Parijs, Hampshire, Palgrave MacMillan, 2003. Para una actitud favorable, véase Karl Widerquist, “Reciprocity and the Guaranteed Income”, ponencia presentada en el VII Congreso de 1998 del BIEN..

(8) Véase David Casassas, Daniel Raventós y Julie Wark, “Oil in Troubled Waters”, 2004, que se puede descargar desde http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=299.

(9) Véase http://www.ingresociudadano.org.

(10) Véase, por ejemplo, http://www.ingresociudadano.org/Novedades/brasil/08-01-04.htm.

(11) Véase el capítulo tercero de Jordi Arcarons, Àlex Boso, José Antonio Noguera y Daniel Raventós, op. cit.

(12) Es decir, de 7.200 y 3.600 dólares, aproximadamente, al cambio de principios de 2006: 1 euro = 1,2 dólares.

(13) En realidad, lo que estamos avanzando aquí son unas cantidades y unos tipos impositivos algo diferentes de los del estudio publicado (véase la nota 1) porque se está ajustando la investigación inicial.

(14) Sabemos que un tipo único despierta muchos recelos porque aparece como menos progresivo que un impuesto de tramos. El modelo de microsimulación que se está comentando permite también incorporar distintos tramos impositivos. Con una RB exenta de impuestos, somos de la opinión que el debate sobre tramos o tipo único pierde gran parte del contenido tradicional. En el estudio citado, el índice Kakwani, que mide la progresividad de un impuesto, muestra precisamente que el resultado posterior a la reforma sería más progresivo. Pero, insistimos una vez más, no hay ninguna incompatibilidad formal en defender una financiación de la RB mediante distintos tramos impositivos.

(15) En María Julia Bertomeu, Antoni Domènech y Daniel Raventós, “La propuesta de la Renta Básica de ciudadanía”, op. cit.

(16) Buena parte de los cuales están agrupados en la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, una de las 11 secciones oficiales que la Basic Income Earth Network tiene en 3 continentes. www.redaic.org

(17) Para este punto: María Julia Bertomeu, “Republicanismo y propiedad”, El Viejo Topo, Barcelona, abril 2005.

(18) Para el tema de la libertad republicana: Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad, Barcelona, Crítica, 2005; Bertomeu, M.J. y Domènech, A: Algunas observaciones...op.cit y Bertomeu, M.J. “Republicanismo y propiedad”, op. cit.

(19) Para el tema de la propiedad en la tradición histórica republicana, desde Aristóteles hasta nuestros días, véase: Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad, op. cit

(20) Kant, I, Metafísica de las costumbres, traducción Adela Cortina y Jesús Conill, Madrid, Tecnos, 1989. 144-145

(21) Desde el punto de vista jurídico, el concepto liberal de propiedad ha sido desarrollado por el Código Napoleónico; en el artículo 544 define la propiedad como “el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta” Esto significa que encierra los siguientes derechos fundamentales: el de gozar, que implica usar una cosa (jus utendi) y percibir sus frutos (jus fruendi) y el de disponer (jus abutendi) de la cosa, es decir, transferir el dominio a un tercero. Para un tratamiento extenso del tema, véase Fernando Trazegnis, “La transformación del derecho de propiedad”, Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 33, Lima, 1978.

(22) Karl Marx: “Tendencia Histórica de la acumulación capitalista”, El Capital, Tomo I, traducción de Wenceslao Roces, México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1946, Cap. XXIV.

(23) Sobre este punto: Frank Michelman: “Possession vs Distribution in the Constitucional Idea of Property” Iowa Law Review, Julio 1987, Vol 72, N 5, 1319-1350.

(24) Véase Antoni Domènech, “El socialismo y la herencia de la democracia republicana fraternal”, El Viejo Topo núm. 205, abril 2005. También, del mismo autor, El eclipse de la fraternidad, op. cit.

(25) En el país más poderoso de la Tierra, en el año 1992 los presidentes directores ejecutivos (Chief Executive Officer) de las grandes empresas ganaban 82 veces el salario medio de un trabajador manual, el año 2004 la relación era ya de 400 a 1. Invitamos a cualquier persona que lea estas líneas y que tenga un salario más o menos normal, a realizar el sencillo cálculo de multiplicar por 400 esta cantidad para hacerse una idea de la terrible desproporción (un salario mensual de 5.000 pesos se convertiría en uno de 2.000.000; uno de 7.000 en otro de 2.800.000, etc.).

(26) Estos datos han sido tomados de: http://www.inequality.org/facts.html , y de El País, 4-3-2005.

(27) Para utilizar la genial expresión de Marx en La Crítica al Programa de Gotha: “Sólo en la medida en que el hombre se relaciona de buen principio como propietario con la naturaleza –que es la primera fuente de todos los medios y los objetos del trabajo—, sólo en la medida en que la trata como cosa suya, será el trabajo fuente de valores de uso, es decir, de riqueza. (...) el hombre que no posea otra propiedad que su propia fuerza de trabajo, en cualesquiera situaciones sociales y culturales, tiene que ser el esclavo de los otros hombres, de los que se han hecho con la propiedad de las condiciones objetivas del trabajo. Sólo puede trabajar con el permiso de éstos, es decir: sólo puede vivir con su permiso.” (El subrayado es nuestro).

2006-02-13T11:33:00.000+01:00

La Renta básica como proyecto político republicano

David Casassas (miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es el secretario general de la BIEN –Basic Income Earth Network–)

| 16/11/05|

Resumen. Otorgar un sentido político consciente a los mecanismos y dispositivos en los que toman cuerpo las políticas sociales es algo que exige considerar la descripción de la vida social desde la que éstas, con mayor o menor conciencia de ello, arrancan. La forma en que la filosofía política contemporánea se ha acercado a la propuesta de la Renta Básica constituye un ejemplo especialmente revelador de dicha cuestión. En este texto se presentará, en primer lugar, el marco conceptual y de análisis de la realidad social desde el que la tradición republicana ha abordado las controvertidas nociones de libertad y de neutralidad. En segundo lugar, se opondrá a la perspectiva de la libertad republicana la noción de libertad que opera en el marco del esquema de la libertad real propuesto por Philippe Van Parijs, esquema que se compromete con un criterio de justicia según el cual son justas aquellas sociedades en las que el número de opciones disponibles por parte de las personas más desfavorecidas es mayor. En tercer lugar, se planteará la necesidad de una aproximación a la propuesta de la RB que exija una categorización de dichas opciones que priorice aquéllas que, aun siendo, quizás, menores, confieran a los individuos mayores garantías de seguridad en la definición y desarrollo de sus planes de vida propios sin interferencias arbitrarias por parte de otros agentes. En esta dirección, se propondrá una aproximación normativa a la propuesta de la Renta Básica que, de acuerdo con la tradición republicana, asuma que aquellas instancias susceptibles de ser consideradas libres –o no- son, no ya las decisiones en sí mismas, sino los individuos que, encuadrados socio-institucionalmente, han de tomarlas. Finalmente, se señalarán los efectos que el manejo de una u otra perspectiva tiene en el diseño político-institucional de la propuesta de la Renta Básica en el marco de las sociedades de mercado en las que vivimos.

OTORGAR UN SENTIDO POLÍTICO consciente a los mecanismos y dispositivos en los que toman cuerpo las políticas sociales es algo que exige considerar la descripción de la vida social desde la que éstas, con mayor o menor conciencia de ello, arrancan. No es lo mismo definir unas medidas de política social, sean éstas las que sean, desde la asunción de que la vida social es un especio políticamente neutro en el que cierta colección de individuos se limitan a firmar contratos de acuerdo estrictamente con la relación psicológica que media entre tales individuos y los objetos externos a ellos, que hacerlo desde el presupuesto de que la vida social se halla henchida de todo tipo de relaciones de poder que definen estatus sociales distintos que, a su vez, arrastran consigo márgenes de elección bien disímiles.

La forma en que la filosofía política contemporánea se ha acercado a la propuesta de la Renta Básica (RB, en lo sucesivo) constituye un ejemplo especialmente revelador de esta cuestión. En este texto se presentará, en primer lugar, el marco conceptual y de análisis de la realidad social desde el que la tradición republicana ha abordado las controvertidas nociones de libertad y de neutralidad. En segundo lugar, se opondrá a la perspectiva de la libertad republicana la noción de libertad que opera en el marco del esquema de la libertad real propuesto por Philippe Van Parijs, esquema a-sociológico y esencialmente cuantitativo en la medida en que el criterio de justicia con el que se compromete es el que establece que son justas aquellas sociedades en las que el número de opciones disponibles por parte de las personas más desfavorecidas es mayor. En tercer lugar, se planteará la necesidad de una aproximación a la propuesta de la RB que exija una categorización de dichas opciones que priorice aquéllas que, aun siendo, quizás, menores, confieran a los individuos mayores garantías de seguridad en la definición y desarrollo de sus planes de vida propios sin interferencias arbitrarias por parte de otros agentes. En esta dirección, se propondrá una aproximación normativa a la propuesta de la RB que, de acuerdo con la tradición republicana, asuma que aquellas instancias susceptibles de ser consideradas libres –o no- son, no ya las decisiones en sí mismas, sino los individuos que, encuadrados socio-institucionalmente, han de tomarlas. Finalmente, se señalarán los efectos que el manejo de una u otra perspectiva tiene en el diseño político-institucional de la propuesta de la RB.

Conviene destacar, pues, de entrada, que la noción de libertad que la tradición republicana, en el mundo moderno como en el mundo antiguo, ha barajado en todo momento puede llegar a ser harto distinta de aquéllas que, contemporáneamente, han sido enarboladas por oposición al carácter meramente formal de los ordenamientos jurídico-políticos que el mundo liberal, aupado por la extensión de los códigos civiles napoleónicos, fue consolidando. Recientemente, filósofos como Philippe Van Parijs (1995) han puesto de manifiesto la necesidad de alumbrar esquemas ético-políticos que superen las debilidades de los viejos cuerpos jurídicos de cuño liberal-doctrinario que, comprometidos exclusivamente con la causa de la garantía de la isonomía, de la igualdad ante la ley, se habían desentendido de la suerte de los individuos en el mundo gobernado por dicha ley.

Según los planteamientos de Van Parijs, una sociedad justa en términos estrictamente formales es aquélla en la que las instituciones políticas se limitan a garantizar cierto nivel de seguridad y de autopropiedad (1.) Esta es la razón por la que Van Parijs subraya la importancia de considerar una idea de "libertad real" que incluya un tercer elemento constitutivo: el de la oportunidad. No podemos decir, por ejemplo, que un individuo es realmente libre cuanto acepta un trabajo nocivo y mal pagado porque carece de cualquier tipo de alternativa, esto es, porque carece de la oportunidad de pensar en nuevas y más provechosas opciones. Así, mientras que la libertad formal radica pura y simplemente en la ausencia de constricciones, la libertad real se define como la capacidad de hacer X, cuando el deseo de hacer X implica la posibilidad real de hacer X. De este modo, puede decirse que la libertad formal es condicional, en el sentido de que necesita ciertas condiciones de funcionamiento –recursos, muy especialmente- para que pueda, en el mundo real, devenir libertad real. ¿Se encuentra un trabajador asalariado, bajo el capitalismo, forzado a vender su fuerza de trabajo? ¿Goza de la libertad real para no hacerlo?

Sin embargo, la obra de autores como el citado Van Parijs muestra, como se decía, hasta qué punto las asunciones desde las que arrancan ciertos constructos nacidos de la conciencia de los límites de la opción liberal-doctrinaria, pero vinculados a una Sociología tan ficticia –si no inexistente- como la de los propios liberales doctrinarios, pueden conducir a postulados bien lejanos de los que la tradición republicana ha hecho propios. Veámoslo, pues, con cierto detenimiento, no sin antes ensayar un dibujo lo más nítido posible del perfil del esquema normativo republicano.

1. Significado y alcance de la neutralidad republicana

La perspectiva republicana muestra un compromiso profundo con la promoción de la independencia socioeconómica de los individuos como condición necesaria para que éstos se hallen habilitados para llevar a cabo los planes de vida propios sin que exista la mera posibilidad de que aquellos que gozan de ciertos privilegios o prerrogativas interfieran en ello. En el marco conceptual y de análisis de la tradición republicana, la vida social se divide en dos esferas que, a su vez, dan lugar a distintas suertes de interdependencias institucionales: la esfera privada, por un lado, que incluye las relaciones de dominación que aparecen en el ámbito productivo y en el reproductivo, esto es, en la empresa o en cualquier centro de trabajo -remunerado, normalmente- y en la familia; y, por el otro lado, la esfera pública. Como plantea Domènech (2004), el núcleo de la perspectiva del republicanismo democrático radica en la afirmación de la necesidad de erradicar cualquier forma de dominación que tenga lugar bien en la esfera privada, bien en la esfera pública –o desde la esfera pública hacia la privada-, lo que implica, por lo pronto, una acción político-institucional positiva orientada a deshacer los lazos de dependencia que puedan operar en un lado o en el otro.

La puesta en práctica del ideario republicano exige, pues, atajar no sólo el imperium -las relaciones de dominación procedentes de instancias estatales-, sino también, y muy especialmente, el dominium, esto es, las relaciones de dominación nacidas de vínculos de dependencia que echan sus raíces en el corazón del mundo llamado civil y que, en buena medida, son el origen, también, del imperium. En este sentido, merece la pena subrayar la insuficiencia de ciertas reconstrucciones parciales y poco satisfactorias de la tradición republicana, sesgadas por una lectura romántica de la misma, que, en su exaltación de la esfera pública y de ciertas disposiciones virtuosas de los ciudadanos en ésta encuadrados, han procedido a una confundidora amputación de los atributos de una esfera privada que, de este modo, queda reducida al absurdo de un raquitismo que nunca le correspondió en el seno de la tradición republicana. Se trata, en suma, de reconstrucciones del ideario republicano que han venido a sugerir, a la inversa de lo que en este texto se está planteando, que la esfera pública debe limitarse a prescribir cierto conjunto de disposiciones relativas al buen funcionamiento de las instituciones políticas y a la necesidad de que éstas, en un ejercicio leal y eficaz de sus funciones, eviten a toda costa que su acción invada el espacio que legítimamente corresponde, en exclusividad, a la vida privada, a la llamada, quizás con demasiada precipitación, sociedad civil.

Éste es el caso, por ejemplo, de Hannah Arendt, quien, curiosamente –casi paradójicamente-, tras encendidas proclamas en favor de las disposiciones virtuosas y de la práctica de actividades autotélicas en el espacio público –piénsese, por ejemplo, en ciertos pasajes de La Condición humana, donde se glorifica un ideal de vita activa de difícil manejo-, condenaba cualquier intervención –intromisión, cabría decir en este caso- de las autoridades públicas en el ámbito privado, tomaran estas autoridades la forma que tomaran, sin considerar si la intervención en cuestión podría dotar a los actores sociales de los mecanismos y facultades adecuadas para librarse de los lazos de dependencia civil que los pudieran estar aprisionando y, con ello, otorgarles las herramientas necesarias para poner en práctica los planes de vida propios -entre ellos, quizás, el cultivo, precisamente, de aquellas disposiciones virtuosas y la práctica de aquellas actividades autotélicas en el espacio público-. A los ojos de Arendt, tales intervenciones –tales intromisiones- no podían sino conducir a las tierras infaustas donde echan sus raíces los orígenes del totalitarismo. A este respecto, resultan altamente reveladoras las "Reflections on Little Rock", que Arendt (1959) escribe a propósito de las medidas que, en los albores de la época de la defensa de los derechos civiles, se toman con el objetivo de terminar con la segregación racial en las escuelas del Sur de los Estados Unidos. En este texto, tras afirmar que, como judía perseguida por el régimen nazi, asume que todos darán por hecha su simpatía con la causa de los "Negroes", Arendt sostiene que la cuestión en juego no es tanto el bienestar de la población negra por separado, sino la supervivencia de la "República" en su conjunto, por lo menos a largo plazo. Y es que medidas que "politicen" el sistema educativo, el cual, en tanto que parte de la esfera privada, debe quedar al margen de los avatares e intereses pertenecientes al ámbito de lo público, no pueden sino resultar de lo más nocivo para tal "República", asegura Arendt.

No. La tradición republicana ha andado siempre por otros derroteros. Para el grueso de la tradición republicana, aristocrática o democrática, sólo puede hablarse de sociedad civil cuando se da una asociación de individuos libres e iguales –iguales, en el sentido de igualmente libres- en una comunidad en la que todos y cada uno de sus miembros de pleno derecho gozan de independencia material, esto es, de la garantía de un ámbito de existencia social autónoma, lo que, finalmente, permitirá la erradicación de las clases sociales, la erradicación de las distinciones entre rangos. En esta dirección, equiparar, sin miramiento alguno, "vida social" a "sociedad civil" es, en el marco conceptual del republicanismo, un desatino: la vida social puede acoger y acoge todo tipo de formas de dominación que hacen de ella un espacio esencialmente bárbaro (2).

En efecto, la puesta en práctica del ideario republicano exige no sólo atajar el imperium –las relaciones de dominación procedentes del funcionamiento de las instancias estatales-, sino también, y muy especialmente, erradicar el dominium, esto es, las relaciones de dominación nacidas de vínculos de dependencia propias de la llamada sociedad civil y que, en buena medida, son el origen, a su vez, del imperium.

Así, sólo por vía de una intervención mesurada y consentida –disputable, contestable, al decir de Pettit (1999)- por parte de unas autoridades públicas legítimas capaces de poner freno y segar las raíces de la dominación social, podrá extenderse, al conjunto de los individuos llamados a ser miembros de la sociedad civil –de la vida social civilizada- las condiciones materiales necesarias para que ésta aflore. En cambio, la sociedad civil queda partida cuando los recursos materiales que dan acceso a la propiedad –a la independencia material- se hallan repartidos de manera tan desigual, que unos cuantos se hallan en condiciones de sesgar pro domo sua el proceso colectivo de toma de decisiones y, así, subyugando civilmente a aquellos que deberían ser ciudadanos en condiciones de parigualdad, convertir el orden social en una tiranía oligárquica o plutocrática (3).

De este modo, sólo cuando se logra sortear estas amenazas a la sociedad civil; sólo cuando es posible disponer una intervención legítima y contestable, por parte de la república, en el ámbito de existencia social autónoma de quienes se hallen en condiciones de erosionar el de los demás; dicho de otro modo, sólo cuando se logra universalizar al conjunto de la comunidad la garantía de la protección y conservación a lo largo del tiempo de este ámbito de existencia social autónoma que legítimamente corresponde a cada individuo; sólo en este momento, puede hablarse de neutralidad y de tolerancia en un sentido robusto de tales términos.

¿Cómo entiende, pues, el republicanismo la idea de neutralidad? Como se ha visto ya, la tradición republicana, que hace suya una sociología de la dominación que arroja una fotografía de la vida social en la que la presencia del conflicto aparece en todo momento de un modo diáfano; la tradición republicana –digo- postula la necesidad de una intervención estatal orientada a la erradicación de todo tipo de lazos de dependencia entre los individuos, siempre con el objetivo de constituir una sociedad civil efectiva. Pues bien, conviene destacar en este punto que dicha perspectiva abre las puertas a una aproximación materialista a una concepción no paternalista del perfeccionismo moral que llena de contenido sustantivo una idea de neutralidad que, en la tradición liberal, desvinculada de la irreducible dimensión material de la libertad individual, queda, tan a menudo, convertida en una divisa proclamada en el vacío. Pero vayamos paso a paso.

En la línea de lo que hoy plantea Dworkin (1993), el republicanismo siempre ha asumido que los individuos definen algún tipo de reto –un objetivo o un conjunto de objetivos- el proceso para cuya consecución logra dotar sus vidas de sentido. De este modo, existe la posibilidad de una vida ética, de una vida en la que el carácter –el ethos- de los individuos evoluciona, se va conformando, va adquiriendo los atributos que en propiedad le corresponden. Es en este sentido –y sólo en éste- en el que puede afirmarse la presencia, en el seno de la tradición republicana, de un espacio para cierto sentido del perfeccionismo moral: el carácter –la identidad- de los individuos no es algo que venga dado ab initio et ante saecula, sino que va desplegándose y adquiriendo un sentido -un significado- a lo largo de sus vidas, como resultado de programas ontogenéticos que se ejecutan –sólo así pueden hacerlo- en el marco de la interacción social.

De ahí la importancia, precisamente, de la garantía política de unos canales socio-institucionales dispuestos para que dicha interacción discurra libremente. De ahí la importancia, en suma, de la garantía política de la posibilidad material –civil- de un proceso libre, individual y colectivo, de definición y desarrollo de los planes de vida propios: están en juego, ni más ni menos, que las identidades personales de los individuos en sociedad.

De este modo, la comunidad en ningún caso define los contenidos –la sustancia- de estos planes de vida. Resulta difícilmente sostenible, pues, el argumento según el cual la tradición republicana ha albergado o alberga ciertas dosis de paternalismo moral y político: pese a haberse afirmado la presencia de unos planes de vida definidos y regidos en un contexto social, no existe ningún tipo de doctrina comprehensiva preexistente o dominante que determine los atributos de dichos planes de vida. Afirmar lo contrario es el resultado, en muchas ocasiones, de confusiones que, en buena medida, se deben a la irrupción, en la academia anglosajona de las décadas de 1980 y de 1990, de la psicología moral y de la preceptiva política de cuño comunitarista.

¿Qué tarea corresponde, pues, a las instituciones políticas definidas con arreglo a los criterios ético-políticos propios de la tradición republicana? Las instituciones políticas –el Estado-, que tienen como objetivo hacer de la sociedad civil una realidad, deben regular la vida social de manera que se garantice que nadie pueda contar con la mera posibilidad de interferir arbitrariamente en el proceso, pretendidamente libre, de definición y de conducción, por parte de los demás, de los planes de vida propios. Las instituciones políticas –el Estado- deben, en definitiva, garantizar la extensión de la libertad republicana como ausencia de dominación.

En efecto, es precisamente porque se aspira al logro de la neutralidad, por lo que se exige la garantía política de unos canales socio-institucionales dispuestos para que la interacción de los actores sociales discurra libremente; es precisamente porque se aspira al logro de la neutralidad, por lo que se exige la garantía política de la posibilidad material de un proceso libre de definición y desarrollo de los planes de vida propios.

En suma, para constituir una comunidad de individuos republicanamente libres –libres en un sentido que permita, por ejemplo, hablar de la posibilidad de dejar hacer-, es preciso, de antemano, construir políticamente, institucionalmente, las cercas necesarias para que la senda en la que ha de echar a andar –a hacer- el individuo pretendidamente libre no se vea invadida por la maleza de los intereses particulares de aquellas facciones a quienes la herencia o el azar social hayan podido situar en posiciones de privilegio, maleza que pueda llegar a hacer el camino impracticable.

2. Libertad real de la elección Vs. libertad republicana del sujeto elector: para una categorización de las oportunidades

En el caso de la libertad real, tal y como ésta es definida por Van Parijs, el marco de análisis es distinto. El esquema normativo vinculado a la idea de la libertad real se articula alrededor de la noción de oportunidad. Así, mientras que en la tradición republicana el hecho de que un individuo no sea realmente libre a la hora de tomar una decisión acerca de la aceptación o no de algún tipo de empleo nocivo, como consecuencia de una ausencia de alternativas u otras oportunidades, es asociado de forma inmediata a un problema de ausencia de la garantía de la existencia material del individuo en cuestión –éste es el elemento central de lo que podría darse en llamar la sociología de la libertad republicana-, la perspectiva de la libertad real no se preocupa por dicha cuestión: bajo el punto de vista de la libertad real, de lo que se trata es de que los individuos tengan a su alcance el mayor número posible de opciones, opciones que se dice que han de ser relevantes, pero respecto a las que no se da un criterio objetivo, empírico e informativo, que permita algún tipo de categorización o de ordenación jerárquica. En otras palabras, pese a declaraciones de principios relativas a la esencial presencia del poder en la misma noción de libertad, sobrevuela el espíritu de una perspectiva que apunta a que no hay opciones a las que se otorgue mayor consideración en el momento de establecer el alcance de la libertad –real- que goza un individuo. El esquema de la libertad real, pues, no establece ningún tipo de conexión entre la libertad -real- y el poder de negociación –o poder de resistencia-. Cuanto más alto sea el número de opciones disponibles –y cuanto mayor sea el atractivo de las mismas-, mayor será la libertad –real- de los individuos, sean cuales sean –sean como sean- las opciones consideradas. De lo que se trata, pues, es, sencillamente, de señalar que unos ordenamientos jurídicos que se limiten a garantizar la igualdad ante la ley pueden arrojar un mundo en el que los individuos se hallen completamente desprovistos de cualquier tipo de oportunidad. De lo que se trata, pues, es de poner de manifiesto dicha realidad. Y de poner cartas en el asunto, claro está.

De este modo, pese a la presencia de la conocida defensa de una distribución leximin de las oportunidades (4), la aproximación a la cuestión de la libertad a la que apunta la perspectiva propuesta por Van Parijs es siempre cuantitativa (5). Es por esta razón por la que el constructo político-normativo de dicho autor se ve ya saciado si existe una acción estatal –a través de la garantía de una RB, por ejemplo- que conlleve un ensanchamiento del conjunto de opciones u oportunidades disponibles, siempre y cuando éste sea suficientemente significativo, por un lado, y, por el otro, institucionalmente –técnicamente- estable. Así pues, todo ello se plantea sin que los efectos de una intervención estatal de esta índole sobre la estructura social del mundo en el que tales distribuciones de oportunidades van a tener lugar sean considerados como una variable determinante a la hora de prescribir o no la intervención estatal en cuestión; en otras palabras, todo ello se propone al margen de si dicha intervención estatal garantiza o no la independencia socioeconómica de los individuos.

La idea de libertad propia de la tradición republicana, en cambio, que nace de la preocupación por lograr la consecución de la existencia material de todos los individuos que son considerados ciudadanos plenos, condición necesaria para el ejercicio, precisamente, de su libertad, subraya, lógicamente, la importancia de aquellas opciones cuya disponibilidad pueda conducir a la garantía de la independencia material de los individuos. Por ejemplo, la tradición republicana detecta que ofrecer cierta suma de dinero a un individuo puede proporcionarle cierto número de opciones pero, al mismo tiempo, no garantizar su existencia material –su derecho a la existencia-. Éste puede ser el caso de un artista o de un científico cuyos ingresos dependan de los caprichos de su particular mecenas o patrocinador: el artista y el científico podrán tener un gran número de atractivas opciones a su alcance, pero éstas quedarán sujetas al albur de la mudadiza voluntad de aquel que las proporciona, por lo que se mostrarán inestables y, a la postre, inseguras.

También los trabajadores sociales y los gestores de las políticas sociales han sugerido que éste podría ser el caso de aquellas personas que reciben los subsidios condicionados propios de los actuales regímenes de bienestar –donde los haya-. Sin duda, percibir –por ejemplo- una pensión no contributiva es algo que incrementa el número de opciones al alcance de su beneficiario, pero en ningún caso pueden desatenderse los vínculos de dependencia que la condicionalidad de dichos subsidios hace aflorar entre sus preceptores y la propia administración pública, del mismo modo que tampoco la presencia de dichos subsidios debe llevar a pensar que de forma automática las asimetrías de poder que originaron la situación de privación que el subsidio pretende corregir han desaparecido.

En este sentido, conviene señalar, de acuerdo con los postulados centrales de la tradición republicana, que el hecho de que la RB pueda ser presentada como una medida de política social preferible a los subsidios condicionados propios de los regímenes de bienestar tradicionales no es algo que responda sólo a las ventajas de tipo técnico que por lo común se le atribuyen, sino también –y sobre todo-, a criterios político-normativos relativos a la mayor seguridad que de aquélla se espera: el funcionamiento de un sistema de RB es menos contingente con respecto a la arbitrariedad de los gestores de los programas de políticas sociales, por lo que el espacio para posibles relaciones de dominación se ve reducido. De este modo, no es un eventual aumento de la cuantía de las prestaciones sociales vinculado a la introducción de la RB, sino la posición social en la que ésta nos sitúa, aquello que hace de dicha medida una opción en materia de política social digna de ser tomada en consideración como contraofensiva –y, quizás, alternativa- frente al avance del proceso de desregulación que caracteriza el capitalismo de los últimos lustros.

Así pues, la tradición republicana da prioridad a aquellos factores que garantizan la independencia material de los individuos, en tanto que ésta constituye la base de su libertad en el seno de una vida social que, sin intervención alguna, tiende a generar todo tipo de asimetrías de poder. En otras palabras, el republicanismo se compromete con el impulso de aquellas opciones que emanan de –o conducen a- un régimen social en el que los individuos son independientes, en el que los individuos gozan de una posición social blindada políticamente que los hace inmunes a cualquier tipo de interferencia arbitraria. De este modo, lejos de perseguir un incremento de las opciones que haga de la toma de decisiones un proceso aparentemente más libre, el republicanismo reivindica la presencia de aquellos mecanismos institucionales que garanticen que tales procesos se podrán llevar a cabo en condiciones de libertad. Al decir de Pettit (2001, 2005), y tal y como se verá más adelante, la tradición republicana entiende que la idea de libertad no gira alrededor de elecciones, entendidas éstas en abstracto –la libertad, por tanto, no está choice-based-, sino que apunta a sujetos situados en el trance de llevarlas a cabo –la libertad se halla, bajo este punto de vista, chooser-based-.

Una vez garantizadas, pues, las opciones cardinales –aquéllas que hacen posible la independencia material de todos los miembros de la sociedad, que es condición necesaria para la materialización del ideal de reciprocidad en la libertad con la que la tradición republicana se compromete -, las opciones que los individuos puedan gozar posteriormente dejan de ser prioritarias desde el punto de vista moral y político, aun cuando la distribución de tales opciones escupa una sociedad con ciertos –no excesivos- niveles de desigualdad con respecto a los bienes materiales. Dicho de otro modo, una vez que las opciones de las que se deriva la independencia socioeconómica se hallan garantizadas, la disponibilidad o no, por parte de los individuos, de un número mayor o menor de opciones es una cuestión que, si bien puede mantener cierta relevancia en el seno de la tradición republicana, resulta secundaria en términos tanto morales como políticos.

Sea como sea, podría plantearse que, en el corto plazo, la distinción entre libertad real y libertad republicana presenta mayor interés teórico que en términos político-prácticos. Huelga decir que, en el mundo actual, un incremento del número de opciones de los individuos más desfavorecidos significaría, muy probablemente, un incremento también de la libertad republicana de los más dominados.

Más aún. Supongamos que nos hallamos ante dos distribuciones de oportunidades distintas bajo las cuales los individuos cuentan exactamente con los mismos niveles de no-dominación, pero en las que, no obstante, el número de opciones de ciertos individuos para gozar esa igual no-dominación en la práctica no es el mismo: en una de estas distribuciones –sociedades-, factores como, por ejemplo, el reparto desigual –pero no desmedidamente desigual, hasta el punto de poner en peligro la ausencia de dominación- de los recursos monetarios podrían conducir a conjuntos de oportunidades disímiles. Pues bien, en este tipo de situaciones, la tradición republicana no dudaría en favorecer las sociedades con mayores oportunidades para algunos.

Sin embargo, es importante resaltar que, al margen de dichas consideraciones, el hecho de que la tradición republicana identifique fuerzas sociales causales que operan en el mundo social real –fuerzas institucionales que la perspectiva de la libertad real desatiende- se convierte en un activo de la mayor importancia tanto teórica como político-práctica en el medio y en el largo plazo.

El quid de la cuestión, pues, radica en el hecho de que el republicanismo detecta con precisión que, aun siendo técnicamente estable una dotación muy elevada de renta que confiera muchas opciones, esta dotación puede ser perfectamente censurable si, pese a ofrecer más opciones, nace de dispositivos de política social que no erradican las fuentes de la dominación en la vida social. Ello puede ser así, quizás por tratarse –tal dotación- de una medida parcial: la libertad republicana, a diferencia de la libertad real, tiene en la RB a una parte del paquete de medidas necesarias, pero no suficientes, para su cumplimiento. Dicho de otro modo, pese a que es evidente que, en el republicanismo, la RB constituye una medida favorable para la libertad, esta tradición ha caracterizado la libertad de un modo institucional y sociológico tal, que la habilita conceptualmente para detectar posibles situaciones de dominación –de ilibertad- en un mundo con RB.

En cambio, la perspectiva de la libertad real, que en su definición de libertad apela a las nociones de oportunidad –de opciones- para superar los límites de la visión formal de la libertad propia del liberalismo doctrinario pero que, como se ha planteado ya, descansa en una Sociología tan ficticia –si no inexistente- como la de los propios liberales doctrinarios; la perspectiva de la libertad real –digo- puede establecer que determinados individuos ya son libres porque gozan de una RB, sin tomar en consideración el hecho de que tales individuos se pueden hallar todavía –o no- en una situación de dominación: de hecho, la posible presencia de asimetrías de poder en la vida social es una variable que jamás entró explícitamente en juego en la configuración de esta perspectiva. Y la Sociología subyacente a una idea de libertad no puede "darse por hecha": conviene explicitar con qué filtros se ha hecho la fotografía de la vida social de la que arranca un esquema normativo que, finalmente, tiene al mundo real en su punto de mira.

Con todo, no es un eventual aumento de la cuantía o una eventual mejora del funcionamiento de las prestaciones sociales vinculado a la introducción de la RB, sino la posición social en la que ésta nos sitúa, aquello que hace de dicha medida una opción en materia de política social digna de ser tomada en consideración como parte de una contraofensiva –y, quizás, alternativa- frente al avance del proceso de desregulación que caracteriza el capitalismo de los últimos lustros.

3. Libertad del sujeto elector y estructura social de la libertad: la Renta Básica como proyecto republicano para sociedades de mercado

Lo que interesa poner de manifiesto en este punto, pues, es el hecho de que la aproximación que la tradición republicana hace a la cuestión de la libertad parte, precisamente, de una comprensión profunda de esta sociología de la dominación que dicha tradición, de Aristóteles a nuestros días, ha hecho suya. En efecto, el análisis positivo que discurre a lo largo de la obra de los principales exponentes de esta tradición, fuente de la normatividad que va desarrollándose en ella de forma paralela, no persigue otra cosa que la detección de esas fuerzas institucionales que dibujan los contornos del mundo social y que, a partir de ahí, causan las diversas formas de dominación, lleven éstas a interferencias arbitrarias efectivas o no lo hagan –no vale aquí, pues, la hipotética situación de un esclavo favorecido por la generosidad y buen trato de un amo que, del mismo modo que hoy se muestra benevolente con él, mañana puede dispensarle el más indigno de los tratos sin que ello suponga un quebrantamiento de lo estipulado por la ley-.

Con todo, la opción política republicana recoge esta sensibilidad y apunta a la prescripción de unos dispositivos legales e institucionales capaces de deshacer, a través de la garantía de cierta forma de propiedad, los lazos de dependencia que operan en el mundo social; todo ello, en aras de promover una libertad entendida, precisamente, como ausencia de dominación.

Nótese que dicha opción arranca del manejo de una noción de libertad basada, no en una mera descripción a-sociológica de un eventual proceso de toma de decisiones, por parte de individuos aislados, con respecto a cierta colección de objetos –tal descripción arrojaría una noción de libertad estérilmente pura, absoluta-, sino en una caracterización de las diferentes formas de interferencia interpersonal que pueden constreñir tales procesos de decisión en el mundo social y, de ahí, en un criterio empírico y objetivo concerniente al estatus social que ha de gozar el sujeto elector para que con rigor pueda ser considerado libre.

Este es el sentido en el que, recientemente, Philip Pettit (2001, 2005) ha sugerido que no es la "decisión en sí misma" aquella entidad susceptible de merecer –o no- el atributo de "libre", sino "el sujeto que la toma": la libertad, dice Pettit, debe ser chooser-based, no choice-based. "Los sujetos electores –se pregunta Pettit (2005)-, ¿son libres en la medida en que sus elecciones se toman libremente? ¿O las elecciones son libres en tanto que son tomadas por sujetos electores libres? En otras palabras ¿la libertad se basa en la elección o se basa en el sujeto que elije?". Pettit no duda en afirmar, con el grueso de la tradición republicana, que la libertad social no puede entenderse al margen de la consideración de aquellas condiciones materiales que permiten afirmar –o no- que el sujeto que elije se encuentra en condiciones de libertad –como ausencia de dominación-: la afirmación de la libertad social requiere la presencia de marcas, señales institucionalmente trazadas que indiquen que los individuos se hallan protegidos con respecto a la mera posibilidad de interferencias arbitrarias por parte de instancias ajenas. Así, "según la perspectiva de la libertad basada en el sujeto elector, éste será libre en la medida en que tenga garantizada una posición social con respecto a los demás, y sus elecciones serán libres en la medida en que esta posición garantice que aquél quede libre de interferencias en el momento de hacer las elecciones en cuestión; podemos afirmar que haciendo estas elecciones los individuos ejercen o manifiestan su libertad social en tanto que sujetos electores" (Pettit, 2005). En definitiva, sólo en condiciones de independencia material –y civil-, los individuos pueden alcanzar la posición social del freeman harringtoniano que, a diferencia del bondsman, puede "vivir por su cuenta" y tomar decisiones basadas en juicios también libres (Casassas y Raventós, 2005).

Cuando tales condiciones se cumplen, no existen razones de principio para que un esquema ético-político de cuño republicano se oponga a los intercambios propios del mercado. En efecto, no existen amenazas particulares a la libertad –como ausencia de dominación- de los individuos que participan en relaciones de intercambio en el mercado cuando, previamente, dicho mercado ha sido políticamente constituido de manera tal que, en su seno, no sean posibles las relaciones de dominación que nacen de –y conducen a- asimetrías de poder –contractual- y asimetrías informativas, a la imposición de barreras de entrada, a la fijación arbitraria de los precios, etc (6). Cabe preguntarse, en este punto, en qué medida la posición de retirada o fallback position que la presencia de una RB conferiría a todos los individuos podría suponer un elemento constitutivo esencial para el diseño de una institución social como un mercado así concebido. En particular, el goce de una RB permitiría poner coto a la "esclavitud a tiempo parcial" o "esclavitud salarial" a la que, en palabras de Aristóteles y de Marx, respectivamente, dan pie los contratos de servicios firmados en ausencia de un sostén material por parte de los trabajadores potencialmente asalariados, quienes no pueden más que "vivir con el permiso" de quienes poseen el control sobre los medios de producción y, con él, el poder de decisión sobre la necesidad de contratarlos o no (Raventós y Casassas, 2004). Así, la garantía de la existencia material –y, a la postre, civil- que una RB supone hace de esta medida un dispositivo que puede ser contemplado como fuerza motriz para el cumplimiento de un ideario republicano que halla en "teóricos del mercado" como Adam Smith o el propio Leon Walras referencias destacadas, en un sentido u otro, para su cumplimiento en el mundo contemporáneo.

El mismo Philip Pettit, también en el texto del que se han extraído ya algunas citas (Pettit, 2005), recuerda, muy acertadamente, que "Adam Smith era más fiel [que Rousseau] al republicanismo clásico, e inherentemente más persuasivo, cuando insistía en que, lejos de amenazar la libertad republicana, el mercado podía reducir la dependencia y la dominación […]. En un mercado de trabajo de funcionamiento apropiado, por ejemplo, nadie dependería ni viviría a merced de ningún dueño: todos podrían cambiar de empleo en caso de encontrarse en el lance de sufrir una interferencia arbitraria". En un régimen republicano, pues –prosigue Pettit-, "[el mercado] respeta la posición de ausencia de dominación con respecto a los demás de la que puedan gozar los individuos, permitiéndoles realizar intercambios sobre una base no coercitiva. Es más, el mercado puede incluso fortalecer dicha posición a través del fomento de su ejercicio y de su reconocimiento".

¿Puede la RB coadyuvar al proceso de constitución política del mercado –de un mercado libre de asimetrías de poder en el que individuos dotados de una inexpugnable posición social se vean habilitados para firmar contratos efectivamente libres-, proceso que se ha presentado como condición necesaria para hacer de las sociedades contemporáneas sociedades efectivamente civiles? ¿Puede la RB constituir un elemento esencial para la tarea, esencialmente republicana, de promoción política de una mano invisible que asigne recursos entre individuos cuya capacidad de elegir libremente haya sido dispuesta y blindada institucionalmente? ¿Puede la RB, por lo tanto, convertirse en una pieza indispensable para una acción política dirigida a que esta supuesta mano invisible, lejos de verse eclipsada por el puño visible de los más poderosos contendientes de un auténtico bellum omnium contra omnes, devenga un instrumento para la puesta en funcionamiento de un sistema descentralizado de intercambios realmente libres en todas las esferas de la vida social?

Tal y como ha sido planteado, unida a la sensibilidad moral que inspira el grueso de la tradición en cuestión, la consciencia sociológica con que la tradición republicana ha afrontado su fotografía de la vida social, una fotografía que arroja un mundo henchido de asimetrías de poder, exige la reivindicación de mecanismos institucionales orientados a la conformación política de un régimen de "sujetos electores libres". En este sentido, más allá del importe que pueda alcanzar y del número de opciones que pueda poner al alcance de los individuos, la garantía de una renta de base suficiente para cubrir las necesidades elementales de la vida juega un papel políticamente crucial en la medida –y sólo en la medida- en que sea capaz detonar un orden social en el que mercados –de trabajo, muy especialmente- sin asimetrías de poder y, por tanto, efectivamente libres permitan una asignación eficaz y apropiadamente flexible de los recursos y de los talentos y, así, se erijan en los cimientos en los que repose una sociedad más eficiente (7), por un lado, y, por el otro, capaz de satisfacer el requisito de reciprocidad en la libertad con el que la tradición republicana se compromete en última instancia.

Notas

* Este texto ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación BFF2002-04394-C02-01, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el FEDER. Asimismo, algunos de los elementos que aquí aparecen han sido pensados y discutidos de modo embrionario en Casassas y Raventós (2005). Quede constancia de mi gratitud hacia Daniel Raventós por los debates mantenidos a propósito del texto citado y de otros tantos escritos conjuntamente.

(1) Para un estudio detallado acerca de las implicaciones normativas de la asunción de ciertas nociones de autopropiedad en la filosofía política contemporánea, véase Mundó (2005).

(2) La retórica de la "civilización" –la politeness- opuesta a la "barbarie" que hacen suya varios miembros de la escuela histórica escocesa –entre ellos, sobre todo, Adam Ferguson y, también, Adam Smith- echa sus raíces, precisamente, en una fotografía materialista de la evolución de las sociedades humanas que apunta a la prescripción de dispositivos político-institucionales prontos a arrancar de cuajo las fuentes de las asimetrías de poder que permean el conjunto de la vida en sociedad de los humanos (Casassas, 2005).

(3) De ahí, por ejemplo, el anhelo de Maquiavelo de poner coto al faccionalismo, anhelo que es recogido, más de dos siglos más tarde, por un Adam Smith que ve aparecer también el peligro de faccionalismo, de vieja y de nueva planta, tardofeudal y protoindustrial, en las posiciones de poder, heredadas o recientemente conquistadas, que se asientan en el seno de la sociedad en transformación que es la Escocia del siglo XVIII.

(4) Van Parijs (1995) denomina ordenamiento leximin de la oportunidad al principio según el cual, en una sociedad libre, la persona que cuente con menos oportunidades no deberá tenerlas menores que aquéllas de las que disponga la persona con menos oportunidades dentro de cualquier otro ordenamiento que podamos articular.

(5) Cierto es que el constructo filosófico de Philippe Van Parijs alberga una aproximación sociológicamente consciente, institucional, a la forma en que se obtienen los empleos, así como a los procedimientos, bien poco neoclásicos, a través de los cuales se fijan los salarios. En el esquema de la "libertad real para todos" (Van Parijs, 1995), se asume que "las rentas asociadas a los empleos que ocupamos constituyen el componente preponderante [de la desigualdad en lo que respecta a las dotaciones de las que gozamos a lo largo de nuestra existencia]. Los ocupemos en razón de los talentos que poseamos, de la educación de la que hayamos disfrutado, de la ayuda de parientes o de amigos que nos hayan podido informar o apoyar, de la ciudadanía de la que gocemos, de la generación a la que pertenezcamos o de la localidad en la que residamos, estos empleos constituyen un privilegio. El valor de este privilegio corresponde a la distancia que media entre la remuneración efectiva de un empleo y la remuneración de competencia del mismo empleo que arrojaría una distribución apropiada de las dotaciones" (Vanderborght y Van Parijs, 2005: 65). Este análisis, sin embargo, pese a la agudeza sociológica con la que arrancan los principios criteriales para el establecimiento de la cuantía de la RB, no tiene implicación alguna en punto a determinar la vulnerabilidad social o no de los perceptores de la RB una vez situados en la posición social –de sujeción a algún tipo de dominium o no- que les reserva este mundo con RB: sea cual sea el importe de la RB, ¿sitúa ésta a los individuos a resguardo de cualquier tipo de relación de dominación ejercida sobre su persona? La perspectiva de la libertad real no se halla en condiciones de dar respuesta a tal interrogante.

(6) Conviene recordar, en este sentido, que el proyecto intelectual y político de Leon Walras, activo militante socialista a la par que economista teórico, apuntaba a la introducción de todos aquellos dispositivos institucionales necesarios para hacer realidad un escenario social como el definido por su teoría del equilibrio general.

(7) Para un análisis de la mejora en la división y especialización del trabajo, así como de los mayores niveles de libertad en la planificación de la actividad productiva de acuerdo con las propias disposiciones, capacitaciones, intereses y vocaciones –energías productivas hasta el momento bloqueadas- que una RB podría hacer posible, véanse Pinilla (2001) y Raventós y Casassas (2004).

Referencias bibliográficas

Arendt, H. (1959): "Reflections on Little Rock", Dissent, Vol. 6, núm. 1.

Casassas, D. (2005): Propiedad y comunidad en el republicanismo comercial de Adam Smith: el espacio de la libertad republicana en los albores de la gran transformación, Barcelona: Universidad de Barcelona.

Casassas, D. y Raventós, D. (2005): "Property and Republican Freedom at the Beginning of the 21st Century: Basic Income as a Right of Existence", en prensa.

Domènech, A. (2004): El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, Barcelona: Crítica.

Dworkin, R. (2003): Ética privada e igualitarismo político, Barcelona: Paidós.

Mundó, J. (2005): "Autopropiedad, derechos y libertad (¿debería estar permitido que uno pudiera tratarse a sí mismo como a un esclavo?)", en M.J. Bertomeu, A. Domènech y A. de Francisco (eds.), Republicanismo y democracia, Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

Pettit, P. (1999): Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona: Paidós.

-- (2001): A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency, Nueva York: Oxford University Press.

-- (2005): "Freedom in the Market", Politics, Philosophy and Economics, en prensa.

Pinilla, R. (2001): "¿Es posible una Renta Básica eficiente? Evaluación económica de la Renta Básica", en D. Raventós (coord.), La Renta Básica. Por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, Ariel: Barcelona.

Raventós, D. y Casassas, D. (2004): "La Renta Básica y el poder de negociación de 'los que viven con permiso de otros'", Revista Internacional de Sociología, núm. 34.

Vanderborght, Y. y Van Parijs, P. (2005): L'allocation universelle, Paris: La Découverte.

Van Parijs, P. (1995): Real Freedom for All, Oxford, Clarendon Pr

www.sinpermiso.info, 16 noviembre 2005

2006-02-10T15:09:00.000+01:00

La propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía

María Julia Bertomeu, Antoni Domènech y Daniel Raventós*

Rebelión

De ella podría decirse, remedando libremente a Bertolt Brecht: “Es razonable, para todos comprensible. Es sencilla./ Vos no sos un explotador, la podés entender./ Es buena para vos, informate./ Los necios la llaman necia, y los sucios, sucia./ Va contra la suciedad y la necedad./ No es una tontería, sino,/ acaso, el final de mucha tontería./ Es lo fácil,/ que siempre es difícil”.

La propuesta de un Ingreso Ciudadano o Renta Básica de ciudadanía (RB), que comenzó siendo una respetable idea académica, ha salido en los últimos años de las aulas. Y de manera espectacular. Una muchedumbre de partidos políticos, organizaciones sindicales, movimientos y foros sociales han ido, de uno u otro modo, tomándola en consideración (1) . El caso es que la propuesta de la RB está ya expresamente incluida, por ahora sólo retóricamente, en los objetivos programáticos declarados de gobiernos y países tan distintos como el de Lula en Brasil y el del tripartito de izquierda en Cataluña.

Aquí expondremos las características generales de la RB que ayudan a despejar las confusiones más habituales; esbozaremos algún ejemplo de cómo podría ser financiada; y apuntaremos brevemente a su justificación normativa y a su oportunidad política en el mundo actual.

La definición y las confusiones

La propuesta de la RB ha sido definida de formas no exactamente iguales, pero de entre ellas hay una que difícilmente puede ofrecer dudas. Es la siguiente: la RB es un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.

No se trata pues de subvención, subsidio o seguro condicionado alguno. Ni presupone la satisfacción de algún requisito, como, por ejemplo, demostrar un determinado estado de pobreza, estar buscando trabajo remunerado, haber perdido (por la circunstancia que sea) el empleo. Esta característica tan distintiva de la RB, la de no estar condicionada a requisito alguno, sino al de la ciudadanía o residencia acreditada, la distingue de forma neta, por poner solamente algunos ejemplos, del subsidio de paro, de los subsidios agrarios, de los programas como “jefes y jefas de familia”, etc.

Aunque la definición ofrecida es clara y distinta, no ha logrado evitar que a lo largo de estos últimos años se hayan producido dos tipos de confusiones. El primer tipo de enredo lo ha provocado el hecho de que bajo diferentes denominaciones, diversos autores han querido referirse a lo mismo (2) . El segundo tipo de confusión es precisamente el contrario: que bajo la misma denominación se han querido expresar a menudo conceptos muy diferentes.

Los subsidios condicionados no son la Renta Básica

Algunos piensan que la característica de universalidad de la RB no es justificable y siguen defendiendo los subsidios dirigidos a los que “más lo necesitan”. Si bien después se entrará en otras razones, véase ahora las ventajas que presenta la RB con respecto a los subsidios condicionados dirigidos a los “más pobres”.

1) La RB permite, en primer lugar, en la medida en que constituye una asignación incondicional, garantizada, sortear los elevados costes asociados al examen de recursos que cualquier subsidio condicionado exige; la simplificación administrativa que con la RB se alcanza puede ser crucial con vistas a una efectiva racionalización de las políticas sociales y de redistribución de la riqueza.

2) El hecho de que la RB se garantice ex-ante, la convierte en una medida esencialmente preventiva de la exclusión.

3) A diferencia de los subsidios condicionados, la RB no constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso.

4) La RB permite eludir la llamada "trampa de la pobreza", la cual aparece cuando la percepción de los beneficios, fiscales o de otro tipo, se halla condicionada a la verificación, por parte de las autoridades, de la suficiencia de los ingresos recibidos dentro del mercado laboral.

5) La incondicionalidad de la RB trae consigo también la promesa de erradicar o mitigar diversos modos asistenciales fundados en el clientelismo, y en los diversos y nocivos efectos conocidos de éste: formación de una burocracia parasitaria, formal o informal; robustecimiento de las relaciones de dependencia; desorganización de la vida política autónoma de los estratos más pobres o necesitados de la población.

6) Y aun hay que decir, finalmente, que la RB permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado.

La financiación

De la implantación de la RB podrían verosímilmente esperarse todas esas bondades, y aun otras más indirectas, como la previsible remodelación del mercado de trabajo a favor de las condiciones de negociación salarial de los trabajadores ocupados en empleos más precarios o menos gratificantes. Pero ¿es financiable? La respuesta a esta pregunta ha ido perfilándose con cada vez mayor precisión, señaladamente en los últimos 2 o 3 años. Si bien ha habido formas muy diferentes de abordar la financiación (redistribución del gasto público, impuestos especiales…), la modalidad que por poderosas razones está imponiéndose entre los estudiosos económicos de la RB es la que incluye una reforma de los impuestos sobre la renta. Como ejemplo mas reciente, expondremos muy resumidamente un estudio realizado a partir de una gran muestra (210.000 declaraciones del impuesto de la renta de las personas físicas) de Cataluña (3) .

Esta base de datos permite un conocimiento exhaustivo de los rendimientos netos, susceptibles de ser grabados fiscalmente. Las principales características de la propuesta son: 1) se trata de una RB universal pagada directamente a cada individuo de forma incondicional; 2) la RB reemplaza cualquier otro tipo de renta o pensión pública de cantidad inferior (en el caso de que la antigua percepción sea más alta, la RB se complementaría hasta llegar a la citada percepción); 3) La cantidad anual es de 5.414,4 euros por adulto y de 2.707,2 euros (4) para los menores de 18 años; 4) Se establece un tipo único del 57,5% para todas aquellas renta superiores a la RB, la cual está completamente exenta de impuestos. Este 57,5% nominal es un tipo real muy distinto según el decil de renta (5) ; 5) se elimina cualquier tipo de desgravación.
Con estas características, el modelo de simulación (que en realidad permite innumerables variaciones, cambiando solamente el tipo único, o introduciendo tramos) llega a los siguientes resultados: 1) La reforma se autofinancia, es decir, que con el tipo único indicado y la reforma especificada, la RB no debería ser financiada por otros impuestos; 2) La redistribución de la renta que resulta es mucho más igualitaria (6) que en la situación de partida. 3) Aproximadamente, el 70% de la población con menos renta saldría beneficiada de la reforma, el 20% más rico perdería y un 10% quedaría indiferente.

Cabe subrayar que, cambiando la base de datos, este estudio de microsimulación es perfectamente aplicable a países con sistemas fiscales parecidos.

Este ejemplo no es exportable sin más a países con medios públicos modestos, como los latinoamericanos. No sólo por la escasez de recursos sino por la menor capacidad y eficacia fiscal y recaudatoria de sus respectivos gobiernos. Por eso en la Argentina, por ejemplo, los partidarios de la RB (7) proponen un programa de cumplimiento por etapas, empezando por los menores de edad.

Y por eso también, se piensa en la posibilidad –por mencionar sólo una— de financiar una RB para los países con menos recursos a partir de iniciativas internacionales como el establecimiento de un fondo público constituido a partir de la “tasa Tobin”. En iniciativas como ésta última, la fraternidad internacional entre los pueblos debería venir aquí activamente en socorro de la pericia técnica y del buen sentido económico de las medidas adoptadas.

Una propuesta para aumentar la libertad real de la ciudadanía, y para luchar contra los procesos neoliberales de desposesión

En 1997, los 500 ejecutivos más importantes –es decir, mejor remunerados—del mundo se reunieron en el Hotel Fairmont de San Francisco. Allí se acuñó por vez primera –hasta donde sabemos— el nombre de la sociedad hacia la que, según esa esclarecida elite transnacional, nos encaminamos a corto plazo: la “sociedad 20/80”, esto es, compuesta por un 20% de individuos imprescindibles para el funcionamiento de la maquinaria económica globalizada, y por lo tanto, dotados de trabajos estables, y un 80% restante ocupado, cuando lo esté, en trabajos precarios, inseguros, temporales, informales o irrelevantes, y siempre, azacaneados (8) . Esto es todo un programa político de “lucha de clases desde arriba”. William Buffet, una de las grandes fortunas del mundo, ha declarado redondamente en marzo de 2004, que “si se está librando una guerra de clases en América, mi clase lleva claramente las de ganar” (9).

En ese programa, el 80% largo de la población mundial queda fuera de toda capacidad de control, directo o indirecto, político o vagamente social, de los resortes de decisión de la vida económica. Es un programa en ejecución, que conlleva la concentración del poder estratégico de decisión económica en una exigua cúspide, capaz de desafiar cada vez con más éxito a los estados y gobiernos democráticos. Y es, a la vez, un programa de dispersión y desarticulación, de desorganización, de las fuerzas sociales del trabajo operativo. Tiene, además, por corolario la exclusión de una masa creciente de desheredados sin esperanza, arrojados fuera del sistema. Ya hoy se puede calcular que cerca de 1.000 millones de personas están funcionalmente desconectados del sistema económico mundial, formal o informal: expropiados de sus modos ancestrales de subsistencia por un capitalismo neofinanciero depredador y privatizador, migrados a las ciudades miseria, y allí abandonados a su suerte, en los países del llamado tercer mundo. O, como en muchos países del llamado primer mundo, desposeídos crecientemente de los más o menos modestos derechos sociales y asistenciales que fueron el timbre de gloria del capitalismo reformado de la segunda postguerra. Aquel capitalismo productivista a ultranza, que atrajo a amplios estratos obreros y populares por su aparente capacidad para dar a las poblaciones trabajadoras bienestar y una especie de ius in re aliena en la vida económica industrial; que sedujo a muchos por su disposición a disciplinar regulatoriamente al capital financiero; y que pareció haber puesto fin al semillero de catástrofes que había sido desde el último tercio del XIX el capitalismo de casino tradicional, intentando una resuelta “eutanasia del rentista” (Keynes).

¿Qué puede esperarse, en un mundo así, de una propuesta modesta como es la de una RB? No mucho, si la RB es concebida solamente como un conjunto de medidas contra la pobreza.

Menos aún, si es entendida como una dádiva para los desposeídos del primer mundo; o como un amortiguador de la crisis de los Estados de Bienestar europeos.

Pero la pobreza no es sólo privación y carencia material. Es también dependencia del arbitrio o la codicia de otros, quiebra de la autoestima, aislamiento y encapsulación social de quien la padece; alienación, como se decía antes.

Ahora bien; una buena RB aumentaría la libertad de la ciudadanía; haría a los pobres y a los desposeídos más independientes. Más independientes, y por lo mismo, más prontos también a organizarse. Más capaces de resistir a los procesos de desposesión y de forjar autónomamente las bases materiales de su existencia social: más capaces de librarse del cáncer desorganizador de los “punteros”, y en general, del parasitismo autoritario de los patronazgos; y más capaces, también materialmente, de fomentar el asociacionismo y el cooperativismo, de llevar a cabo iniciativas como las de la recuperación de fábricas y empresas abandonadas o echadas a perder por la incuria especulativa de sus propietarios. Más capaces de luchar contra las políticas neoliberales, promotoras de la polarizada desigualdad entre los países ricos y los países pobres, y dentro de cada país, entre los ricos y los pobres.

La RB tiene unos rasgos formales de laicidad, incondicionalidad y universalidad exactamente idénticos a los del sufragio universal democrático. Porque, igual que al voto, se tendría derecho a ella por el sólo hecho de existir como ciudadano –o residente acreditado—, independientemente del sexo o de la raza a los que se pertenezca, del nivel de ingresos que se tenga, o de la confesión religiosa que se profese.

La lucha por la república, la democracia y el sufragio universal fue el eje central del desarrollo del movimiento obrero socialista en el siglo XIX y primer tercio del XX. Fue una lucha en parte instrumental; se quería la democracia para otra cosa (el socialismo, la justicia redistributiva, la plena libertad económica de los que viven por sus manos, etc.). Pero fue mucho más que una lucha instrumental. A la universalidad y a la incondicionalidad del sufragio se les acabó asignando valor por sí mismas, convertidas en un punto innegociable de justicia y dignidad, fueran cualesquiera las consecuencias que los muy antidemocráticos liberales decimonónicos, partidarios acérrimos del sufragio censitario, vociferaran que traía consigo.

De la presente e incipiente lucha por una RB tal vez se diga lo mismo en el futuro. Tiene, desde luego, un lado instrumental, se quiere para acabar con la pobreza, para poner freno y coto a las políticas neoliberales desposeedoras y esquilmadoras, para evitar que el grueso de la población mundial tenga que pedir diariamente permiso a otros para poder subsistir, etc. Pero ¿quién quita que no se convierta en algo más, y que la exigencia de una RB cristalice en los movimientos sociales y en la opinión pública democrática como un punto innegociable de justicia y dignidad, con valor por sí mismo, fueren cualesquiera las consecuencias que los muy antidemocráticos neoliberales del siglo XXI, acérrimos partidarios del paraíso de necios de una sociedad neocensitaria 20/80, vociferen que trae consigo?

(Este artículo, algo más abreviado, fue publicado en el número 73 de Le Monde diplomatique, edición del Cono Sur)

* María Julia Bertomeu es filósofa por la Universidad Nacional de La Plata. Profesora titular ordinaria de Ética de la Universidad Nacional de La Plata e Investigadora del Conicet, Argentina. Antoni Domènech es filósofo y catedrático de Filosofía Moral en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona; autor de El eclipse de la fraternidad (Barcelona, Crítica, 2004). Daniel Raventós es economista y profesor titular de Sociología de la misma facultad y universidad, y presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org); autor de El derecho a la existencia (Barcelona, Ariel, 1999).

NOTAS

1 Una reciente muestra de esto último sería la cantidad y calidad de ponencias presentadas en el X Congreso de la Basic Income European Network (ahora ya Basic Income Earth Network) realizado en Barcelona en septiembre de 2004. Pueden obtenerse en www.basicincome.org

2 Así, por ejemplo, “Ingreso Ciudadano” (la forma que ha sido adoptada por los autores que en Argentina han trabajado esta propuesta social, como es principalmente el caso de R. Lo Vuolo y A. Barbeito, el Centro Interdisciplinario para la Investigación de Políticas Públicas –CIEPP-, pero también por la Central de Trabajadores Argentinos, CTA), “Subsidio Universal Garantizado”, “Ingreso Mínimo”, entre otros

3 Para un mayor detalle véase www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=331, en donde se expone casi la totalidad de este estudio realizado por J. Arcarons, À. Boso, J. A. Noguera y D. Raventós.

4 Es decir, de unos 7.000 y 3.500 dólares, respectivamente, al cambio de principios de 2005. Evidentemente se trata de unas cantidades que no tienen que ser las mismas según el país. Así como para Alemania resultarían pequeñas, para Argentina resultarían altísimas y para Ecuador, por último ejemplo, exorbitantes. Para que el lector latinoamericano se haga una idea, el umbral de pobreza para una familia-tipo del Reino de España –dos adultos, dos menores— es de unos 9.000 euros al año. Con una RB como la propuesta, esa familia tendría unos ingresos anuales, solamente por este concepto, de más de 16.200 euros.

5 Efectivamente, si calculamos el tipo efectivo (el porcentaje que realmente se paga después de haberle transferido la RB) por decilas de renta (es decir, ordenando a la población según renta y dividiéndola en 10 partes iguales), resulta que del 10% al 50% de la población, la mitad más pobre, tiene un tipo negativo (del -269% al -4,70%). En el último tramo, el que agrupa al 10% más rico, el tipo efectivo resultante es del 45%.

6 Los índices de Gini y de Kakwani así lo muestran

7 Buena parte de los cuales están agrupados en la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, una de las 11 secciones oficiales que la Basic Income Earth Network tiene en 3 continentes.

8 A. Domènech, La Renta Básica y las amenazas actuales a la democracia. Ponencia presentada en el X Congreso de la Basic Income European Network (Barcelona, septiembre-2004).

9 Citado en La Renta Básica y las amenazas...

2006-02-09T18:30:00.000+01:00

La Renta Básica de Ciudadanía y las poblaciones trabajadoras del primer mundo

Antoni Domènech y Daniel Raventós

Le Monde Diplomatique, edición española. Número 105 Julio 2004.

Antoni Domènech es filósofo y catedrático de Filosofía Moral en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona; autor de El Eclipse de la fraternidad (Barcelona, Crítica, 2004).
Daniel Raventós es economista y profesor titular de Sociología de la misma facultad y universidad y presidente de la Red Renta Básica; autor de El Derecho a la existencia (Barcelona, Ariel, 1999).

Con el impulso remundializador y reliberalizador de la vida económica en los últimos 30 años, buena parte de las “conquistas” derivadas del consenso social atlántico de finales de los cuarenta, o se han esfumado, o están seriamente amenazadas. Los llamados “Estados sociales” o de “bienestar” retroceden visiblemente ante un tipo de orden económico que en más de un aspecto recuerda al de entreguerras, o incluso, al anterior a la I Guerra Mundial. La seguridad y el bienestar material que buena parte de la población trabajadora europeooccidental y norteamericana parecía haber logrado irreversiblemente, como consecuencia del compromiso de clases alcanzado bajo la égida de un capitalismo decididamente productivista, enemigo de la especulación financiera de preguerra y resuelto a la “eutanasia del rentista” (Keynes), se han ido transformando en inestabilidad y condiciones más duras de trabajo y de vida en los últimos lustros de “globalización” y alegrías reliberalizadoras de los mercados financieros internacionales.

Dos elementos esenciales de la prosperidad “fordista” o atlantista de posguerra, que estaban en la base de los Estados “sociales” o de “bienestar”, han sido gravemente socavados:

1. El vínculo (microeconómico) en que se fundaba el compromiso de clases entre el gran capital industrial y los trabajadores organizados sindicalmente, y que resultó en una “constitucionalización” de la empresa capitalista, merced a la cual los empresarios y sus agentes dejaban de ser monarcas absolutos, otorgando a los trabajadores una especie de ius in re aliena en la empresa tutelado por el Estado (derechos de reunión, asociación – sindical – y expresión dentro de la empresa, vacaciones pagadas, capacidad de negociación salarial, etc.), a cambio de aceptar las prerrogativas de control y autoridad de los empresarios y sus agentes y de renunciar inequívocamente a las pretensiones del movimiento obrero de preguerra de introducir la democracia y el control desde abajo en la empresa o aun de “parlamentarizar” la fábrica.

2. El vínculo (macroeconómico) que ligaba las economías de escala, el abaratamiento de costes resultante y el incremento de productividad de la producción en masa de bienes de consumo, de un lado, con, del otro, el consumo masivo de esos mismos bienes por parte de unos trabajadores que, gracias a los incrementos de productividad y a la negociación salarial apoyada en esos incrementos, veían crecer año tras año su salario real.

Este capitalismo neoabsolutista (tan nuevo, y tan viejo) en el que vuelven con fuerza las tendencias autoritarias, desconstitucionalizadoras de la empresa capitalista; este capitalismo en el que las poblaciones trabajadoras se han segmentado y reestratificado, tanto en el plano de la producción (con un núcleo, en retroceso y cada vez más erosionado, de trabajadores con empleos estables; un cada vez más amplio estrato de trabajadores en la cuerda floja de los empleos más o menos precarios; y una base cada vez más ancha de trabajadores en situación desesperada, que incluye a los working poors , a los parados, a las mujeres que encabezan hogares monoparentales y a los inmigrantes, legales o ilegales), como en el plano del consumo (con los estratos más bajos de las poblaciones trabajadoras consumiendo productos baratos importados, producidos por una mano de obra semiesclavizada -y a veces literalmente esclavizada- en el tercer mundo); este tipo de capitalismo asediante que se ha ido imponiendo en el último cuarto de siglo es el único que conocen y sufren las nuevas generaciones.

Ante este asedio, surgen entre las izquierdas dos grandes tipos de actitudes que pueden resumirse de la siguiente manera.

Una, “defensiva” o conservadora: hay que preservar lo que se pueda del Estado “social”, o, en la versión radical de la misma, recuperar lo que se ha perdido. Este tipo de posiciones son hoy comunes entre las organizaciones sindicales europeas y, con menor contundencia, norteamericanas. Cuando la dirección de la AFL-CIO ha criticado en estas últimas semanas la plutocrática política de la Administración Bush de desgravar los dividendos de los accionistas de las empresas, lo ha hecho en un estilo inequívocamente “fordista”: apuntando al hecho de que esas empresas invierten sus beneficios fuera de los EEUU, llevándose al extranjero los puestos de trabajo norteamericanos. Cuando José María Fidalgo (CCOO) insiste en que la solución de (casi) todos los males consiste en restaurar la ecuación mayor-productividad/más-empleo-y-mejores-salarios apunta a un mismo estilo de razonamiento.

Pero otro tipo de opciones contestatarias del “giro antisocial” es de cariz, digamos, “ofensivo”. La idea general subyacente es: hay que replantear por completo el consenso social atlántico de posguerra, entre otras cosas porque las grandes transformaciones sociales que ha traído consigo la vida económica de las últimas décadas, aun en el caso de que fuera deseable, hace políticamente irrealista el sueño de conseguir un nuevo compromiso social interclasista, habiendo prácticamente desparecido sus actores principales. El núcleo duro del gran capital europeo y norteamericano no es ahora una burguesía industrial productivista, ni está ahora en una posición de sólida centralidad, dentro de las poblaciones trabajadoras del primer mundo, el obrero industrial (varón) de tipo fordista que fue la base social nuclear de las izquierdas europeas tradicionales de posguerra. Una opción meramente “defensiva” de las viejas conquistas “sociales” no es sólo política, económica y sociológicamente ilusoria, sino que podría llegar a ser peligrosamente contraproducente:

Podría contribuir a levantar barreras insalvables e innecesarias entre los segmentos estables y los inestables de la población trabajadora, convirtiendo a los sindicatos en meros defensores de derechos adquiridos de los trabajadores maduros privilegiados. Podría contribuir a ahondar todavía más el hiato que tradicionalmente ha venido separando a los trabajadores del hemisferio norte, formados en el consenso social atlántico de posguerra, de sus hermanos del tercer mundo, no viéndose en éstos sino competidores desleales. Y por acabar en algún sitio, podría contribuir también a reforzar inopinadamente las tendencias neoabsolutistas autoritarias en el mundo de la empresa: si ya el consenso social de posguerra significó en los dos lados del Atlántico norte la renuncia del movimiento obrero organizado sindicalmente a cuestionar democráticamente la autoridad empresarial, aceptando una mera constitucionalización, estatalmente tutelada, de la misma, a cambio de sucesivos aumentos de bienestar vinculados a sucesivos incrementos de productividad, ahora, rota o desjarretada esta última ecuación, insistir monotemáticamente en ella podría generar la ilusión (en parte la ha generado ya) de que plegarse a la nueva ola absolutista empresarial, ceder “un poco más” de libertad política en el mundo del trabajo, allanarse a la desconstitucionalización completa o parcial de la empresa capitalista, es la única solución realista posible para recuperar el bienestar y la seguridad perdidos.

Índice tal vez interesante de que algunos sindicatos europeos están empezando a girar hacia un tipo de posición más ambiciosa en el medio y el largo plazo, y a la vez, más adaptada a las presentes circunstancias, es la creciente atención que algunos de ellos, especialmente entre los sectores más inquietos intelectual y socialmente, comienzan a prestar a la propuesta de una Renta Básica de Ciudadanía (RB). Esta propuesta consiste en un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. La RB tiene unos rasgos formales de laicidad, incondicionalidad y universalidad idénticos a los del sufragio universal democrático: todo el mundo tiene derecho a ella, por el sólo hecho de ser ciudadano (o, además, en el caso de la RB, residente) de un país, independientemente de su sexo, de su nivel de ingresos o de su orientación religiosa. Y trata de asegurar materialmente el derecho de existencia social mínimo de todos los miembros de la sociedad, por el solo hecho de serlo. En lo que aquí interesa, la lógica de la RB rompe por dos sitios interesantes con la lógica del consenso social atlantista de posguerra. Por un lado, como es suficientemente obvio, escapa parcialmente al vínculo productividad/bienestar, pues asegura incondicionalmente a todos los individuos un umbral mínimo de bienestar, de manera completamente independiente de su contribución al producto social. Por el otro trata de asegurar un grado mínimo de autonomía e independencia material a todos, liberando a los ciudadanos que se conformen con ese mínimo de la penosa necesidad de tener que pedir cotidianamente permiso a otros particulares (o al Estado) para poder vivir; y eso en el bien entendido de que quienes no se conformen con ese mínimo y deseen someterse a otros particulares para aumentar su bienestar material, contarán de entrada con una base de partida (y con un posible refugio de salida) que aumentará su poder negociador, y previsiblemente también, su autonomía y su libertad en el puesto de trabajo aceptado. Una RB mínimamente generosa pues, tendería verosímilmente a revertir la tendencia a la capitulación del movimiento obrero de posguerra en punto a la libertad y democracia en el puesto de trabajo y potencialmente, a abrir un espacio social nuevo, no ya para defender la amenazada constitucionalización de la empresa capitalista, sino para iniciar una ofensiva democratizadora en toda regla, en la tradición ético-política republicana del mejor sindicalismo norteamericano (“ciudadanos en el puesto de trabajo”) y europeo (“democracia económica”).

Pero la lucha por una RB, como otras iniciativas “ofensivistas” que no están dispuestas a cambiar libertad en la vida cotidiana por bienestar material y seguridad en el puesto de trabajo, no sólo puede atraerse a una amplia y nueva base social de excluidos, de precarios, de antiguos y nuevos desposeídos, de jóvenes y mujeres tan azacaneados por la feroz dinámica de la actual vida económica y social como deseosos de combinar mínima seguridad material y cumplida autonomía en su existencia social (el cóctel que ofrece, precisamente, la RB, sobre todo si es un poco generosa). No sólo puede contribuir (ya sea modestamente) a mitigar la segmentación de las poblaciones trabajadoras. Sino que, al mismo tiempo, es perfectamente compatible con la necesaria lucha presente por la defensa de la médula de los indiscutibles logros morales y materiales (universalidad e incondicionalidad de las prestaciones sanitarias y educativas públicas, etc.) que el advenimiento del “Estado social” trajo consigo para el conjunto de las clases populares. Con lo que puede ayudar a conservar y a rearticular para un proyecto de izquierda renovado a la población trabajadora de tipo fordista y a sus debilitadísimas organizaciones sindicales.

Tal vez la Renta Básica no ofrezca mucho más que eso (no es, desde luego, una panacea para transformar radicalmente el modo de producir y de consumir planetario), pero en las presentes circunstancias eso ya es mucho. Y en cualquier caso, es suficientemente valioso por sí mismo.

(1) El hecho de disponer de un trabajo remunerado ya no es una garantía, en la Unión Europea, de no caer bajo la línea de la pobreza (y hace mucho que no lo es en Estados Unidos, donde no es infrecuente cobrar 7 u 8 dólares por hora en algunos empleos). Según el Observatorio Europeo de Relaciones Industriales, a finales de 2003, el 8 % de los trabajadores de la Unión ( y el 9 % de los trabajadores del reino de España) debían considerarse pobres porque carecían de los ingresos necesarios para poder vivir dignamente.
(2) Estamos pensando en un monto igual o superior al umbral de la pobreza, que la UE define como la mitad de la renta por cápita del área geográfica considerada. En un importante estudio de financiación, dirigido por el catedrático de econometría de la UB, Jordi Arcarons, que pronto podrá consultarse en www.redrentabasica.org, se muestra el carácter redistributivo de la renta que tendría la implantación de una RB de diversas cantidades: el 40 % de la población catalana con renta más baja ganaría en términos netos respecto a la situación actual y el 20 % más rico, perdería.

2006-02-07T22:05:00.000+01:00

Catorce respuestas sobre la Renta Básica

Artículo publicado en la revista El Ciervo número 610, enero 2002

Daniel Raventós, José A. Noguera y David Casassas

1. ¿Qué es?

Hay distintas definiciones. Mostraré tres de ellas que me parecen especialmente claras. La primera es la que acostumbro a utilizar: se trata de un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. La organización internacional creada en 1986 para la promoción de las ideas relacionadas con la Renta
Básica, la Basic Income European Network (BIEN), la define con palabras distintas pero de contenido idéntico: “Una renta básica es una renta garantizada de forma incondicional a todos los individuos, sin necesidad de un test de recursos o de estar realizando algún tipo de trabajo”. La asociación de la que soy miembro, la Red Renta Básica, en el artículo 4 de sus estatutos, la define tal y como sigue: “una renta modesta pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho, financiada por impuestos o por otros medios y no sujeta a otra condición que la de ciudadanía o residencia.”

2. ¿Qué no es?

Que la definición de la Renta Básica sea tan clara como cualquiera de las tres ofrecidas no ha impedido que a lo largo de estos últimos años hayan proliferado dos tipos de confusiones. En primer lugar, bajo diferentes denominaciones diversos autores se han referido a lo mismo. Así, por ejemplo, otros nombres que ha recibido el mismo concepto han sido las de “subsidio universal garantizado” -yo mismo utilicé esta fórmula hasta hace más o menos un par de años-, “ingreso básico universal” e “ingreso mínimo”, entre otras.

El segundo tipo de enredo es el contrario: bajo la misma denominación se han querido expresar, a menudo, conceptos muy diferentes. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca se aprobó, a finales de 2000, una ley que habla de una “Renta Básica”, pero se refiere a algo harto diferente de aquello de lo que hablamos aquí. En este sentido preciso, no debe confundirse la Renta Básica con los diversos subsidios condicionados propios del Estado de Bienestar que existen actualmente. Hay claras diferencias entre la Renta Básica y las rentas mínimas de inserción (PIRMI), que en el Reino de España son pagadas por la mayoría de las Comunidades Autónomas o que en la República Francesa ofrece la administración central.

3. ¿Es una propuesta justa? (I): muchas justificaciones posibles

Cuando alguien se adentra por los caminos de la propuesta de la Renta Básica (y debo decir que tanto en el bando de sus defensores como en el del bando de sus opositores se pueden encontrar trabajos excelentes, regulares y pésimos), suele sufrir dos resistencias intelectuales. La primera es de naturaleza ética y puede expresarse con la siguiente pregunta: quien no quiera trabajar de forma remunerada en el mercado de trabajo, ¿tiene derecho a percibir una asignación incondicional? La segunda es una resistencia intelectual exclusivamente técnica que apunta a que la Renta Básica podría constituir una idea encantadora pero imposible de realizar. Dicho también en forma de interrogación: ¿es la Renta Básica una quimera?

Vencer la resistencia de tipo ético no supone superar la otra, de tipo técnico. Ahora bien, si no se supera la primera, ya no vale la pena pasar a la siguiente. Dicho de otra forma: si no disponemos de una buena fundamentación ética –o normativa- ya no es necesario acometer el estudio técnico sobre la viabilidad de la Renta Básica. Esto debería valer para cualquier proyecto de reforma social. Un ejemplo valdrá: la propuesta según la cual el trabajo remunerado debería estar reservado sólo a los hombres mayores de 30 y menores de 60 años es una posibilidad técnica factible. Sin embargo, su justificación ética hace aguas por todas partes, como la inmensa mayoría de la ciudadanía de nuestras sociedades no tendría la menor duda en afirmar. Ni que sea factible, no vale la pena entrar ya al estudio técnico de dicha propuesta. Quede claro, pues, que la objeción más potente que podría hacerse a la Renta Básica no es que materialmente fuese imposible financiarla, sino que fuera injusta. La Renta Básica supera ambas barreras: puede ser justificada normativamente y puede ser implantada económicamente.

Enfrentémonos, pues, a la pregunta sobre la justicia de la Renta Básica. En el campo de la filosofía política, han aparecido justificaciones normativas (éticas) de la misma del tipo más diverso. Como es bien sabido, la filosofía política es la disciplina que reflexiona acerca de cómo debe ser una sociedad justa. Son muchas las escuelas, para simplificar, que han poblado esta disciplina académica en las últimas tres décadas: el utilitarismo; liberalismo (de izquierdas) de John Rawls o de Richard Dworkin; los distintos tipos de comunitarismo; el llamado liberalismo propietarista o libertarianismo de Robert Nozik; algunos de los trabajos del llamado marxismo analítico; o lo que se conoce como republicanismo (del que estamos asistiendo a un cierto revival aunque en realidad tiene 2500 años de historia). En muchas de ellas se ha analizado y juzgado desde el punto de vista de su justicia la propuesta de la Renta Básica.

De entre las muchas posibles, mostraré sólo un par de estas estrategias de justificación normativa: 1) la justificación liberal propietarista o libertariana y 2) la justificación republicana. Si elijo estas dos es por la marcada diferencia existente entre ellas, hasta el punto que se puede afirmar que se trata de teorías que ocupan extremos bastante opuestos del abanico ideológico. Para no despistar a nadie apuntaré, ya de entrada, que mis preferencias están, sin la menor vacilación, del lado republicano.

4. ¿Es una propuesta justa? (II): la justificación liberal propietarista

El libertarismo asegura que los individuos tienen unos derechos inviolables, que pueden ser reducidos a los derechos de propiedad. Para esta teoría, una sociedad para ser justa tiene que satisfacer tres principios o postulados fundamentales: 1) el respeto de los derechos de propiedad; 2) el respeto, según la llamada “cláusula de Locke”, de la apropiación originaria de los recursos externos; y 3) el respeto de los resultados que ocasionen los intercambios de bienes y servicios libremente consentidos. Luego, hay todavía un cuarto principio necesario para una sociedad sea justa: el principio de reparación o de rectificación. En caso de que una sociedad no hubiera respetado uno o más de los tres principios fundamentales, según Nozick se ha de proceder a las reparaciones que permitan rectificar las violaciones de que hayan sido objeto a lo largo de la historia de aquella sociedad. En otras palabras: hay que retroceder temporalmente para rastrear los sucesivos intercambios de bienes y servicios que se han ido realizando a lo largo de la historia de aquella sociedad, para saber si la apropiación originaria era legítima. Y, en caso de que no lo hubiese sido, cabría proceder a una rectificación en el reparto de los recursos existentes.

Pese a ello el libertarianismo, como otorga un papel central al respeto de los derechos de propiedad y de los intercambios libres entre individuos, tiende oponerse a la rectificación por parte del Estado de las circunstancias que motivan desigualdades de partida en una sociedad. En apariencia, pues, debería resultar chocante que una teoría de la justicia tan contraria a las rectificaciones de las circunstancias sociales pueda aportar alguna justificación a la Renta Básica. Sin embargo, H. Steiner, un destacado libertariano, así lo ha hecho.

Steiner parte de la idea de la propiedad original común del planeta Tierra. Según él, así como los frutos del trabajo no han de ser cargados con impuestos, los de la naturaleza sí, porque los recursos naturales no son inicialmente propiedad de nadie. Un impuesto justo extrae a las personas aquello a cuya posesión no tienen un derecho justo. Cada persona, según el libertarianismo, tiene un derecho absoluto a hacer aquello que desee de él mismo y de los bienes de los que es legítimo propietario. Pero como los recursos naturales no son, en un principio, propiedad de nadie, todas las personas tienen un igual derecho a ellos. Cierto es que cada persona es propietaria de los bienes que legítimamente haya adquirido, por lo que no es justo, dirán los libertarianos, imponer impuestos para intentar una redistribución de estos bienes. Ahora bien, tales bienes contienen recursos naturales sobre los que, según Steiner, toda persona tiene un igual derecho moral.

Veamos que es perfectamente coherente con los principios libertarianos que se redistribuya entre todos de forma igualitaria la parte de la renta global de una sociedad cuyo valor provenga de la incorporación de los recursos naturales. Por tanto, un impuesto sobre los recursos naturales es justo. Es evidente que no se puede redistribuir la naturaleza entre todas las personas, pero puede realizarse una aproximación que equivalga a este imposible reparto. Es aquí donde entra en juego la justificación libertariana de la Renta Básica: dado que no se pueden repartir entre todas las personas los réditos de la distribución de los recursos naturales, tales réditos han de ser sustituidos por una renta. En contundentes palabras de Steiner, “una renta básica compatible con los principios libertarianos ha de ser universal”.

5. ¿Es una propuesta justa? (III): la justificación republicana

Veamos la justificación que podemos exprimir del ideario normativo republicano. El republicanismo, como el liberalismo, es diverso. Podemos encontrar variantes elitistas y variantes democrático-radicales. Dentro de esta diversidad, los distintos republicanismos tienen un denominador común: su ideal de libertad definido como oposición a la tiranía. Se trata de una defensa de la libertad como autogobierno, así como ausencia de dominación y de alienación. Esta concepción de la libertad como “no-dominación” es lo que diferencia esta filosofía política de cualquier variante del liberalismo, que concibe la libertad simplemente como “nointerferencia”. Toda dominación puede suponer una interferencia arbitraria, pero no toda interferencia – precisamente, el grupo de las no arbitrarias- supone dominación.

Según Philip Pettit, uno de los principales teóricos actuales del republicanismo, el ciudadano" Rey" tiene poder de dominación sobre el ciudadano "Demos" en la medida en que: 1) tiene poder para interferir; 2) de un modo arbitrario; 3) en determinadas elecciones que el ciudadano"Demos" pueda realizar. Así, no toda interferencia es necesariamente arbitraria; y el republicanismo se opone sólo a las interferencias arbitrarias. Una interferencia arbitraria será aquella realizada por la voluntad de quien interfiere, sin que éste se vea forzado a atender a los juicios, preferencias o intereses de las personas que sufren la interferencia. Aunque el ciudadano "Rey" no interfiera nunca en las elecciones del ciudadano "Demos" –bien sea porque el ciudadano "Rey" es muy benevolente, o porque el ciudadano "Demos" es muy hábil en la lisonja, o por cualquier otro motivo-, hay dominación si el ciudadano "Rey" tiene la posibilidad de interferir a voluntad.

Un amo de esclavos podía no interferir en la vida de un determinado esclavo por el hecho, pongamos por caso, de ser muy bondadoso, pero tenía el poder de hacerlo a su arbitrio. Había, pues, dominación. La nodominación, por el contrario, es la posición de que disfruta una persona cuando vive en presencia de otras personas y, en virtud de un determinado diseño social e institucional, ninguna de ellas la domina. La nodominación, pues, constituye un ideal social muy exigente, ya que requiere que en una sociedad justa aquellas personas capaces de interferir arbitrariamente en la vida de otra persona se vean impedidas de hacerlo.

En qué medida la implantación de una Renta Básica puede favorecer las exigencias de justicia de la teoría republicana? Dice Pettit: “Si un estado republicano está comprometido con el progreso de la causa de la libertad como no-dominación entre sus ciudadanos, no puede menos de adoptar una política que promueva la independencia socioeconómica”. O dice otro destacadísimo republicano democrático-radical más cercano a nosotros, Antoni Domènech, que el derecho a la existencia es una condición necesaria de la plenitud ciudadana. Se trata, pues, de lograr una ciudadanía independiente, esto es, sin dependencia de la beneficencia o de la caridad. Efectivamente, sin independencia socioeconómica, mis posibilidades de disfrutar de la libertad como no-dominación se ven menguadas, tanto en alcance como en intensidad. En cambio, la instauración de una Renta Básica supondría el logro de una independencia socioeconómica mucho mayor que la actual, por parte de importantes segmentos de la ciudadanía, especialmente los más expuestos a la dominación en las sociedades actuales: trabajadores asalariados, parados, mujeres y pobres en general.

Es en este sentido que puede decirse que la instauración de la Renta Básica sería un bien social. La libertad republicana, la libertad como no-dominación, vería ensanchadas sus posibilidades. Por un lado, en alcance, puesto que los ciudadanos contarían con más ámbitos de libertad, vetados hasta el momento. Por el otro, en intensidad, pues los ámbitos de libertad ya consolidados se reforzarían.

Incluso podemos ir más lejos. De acuerdo con el ideal republicano, las políticas sociales que provean a la ciudadanía de determinadas prestaciones estarán basadas en derechos incondicionales, que no dependan de la discrecionalidad de un gobierno o de un grupo de funcionarios. Se trata de evitar el establecimiento de otro tipo de dominación nueva -la dominación de las Administraciones públicas- en la forma de tratar las necesidades sociales. Se trata de asegurar del modo más incondicional posible las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos. Una Renta Básica equivale a un derecho a la existencia, que añadiría alcance e intensidad a la libertad como no-dominación. A veces el Estado debe interferir para evitar que se produzcan interferencias arbitrarias. Por eso los republicanos democráticos son (somos) más radicales política y socialmente. Porque allá donde un liberal toleraría una situación porque no hay interferencia, un republicano demócrata no se encogería de hombros. Incluso en aquellas situaciones que un liberal consideraría aceptables, desde el punto de vista de la libertad como no interferencia, porque podría suponerse razonablemente que el dominador no usará sus prerrogativas, una persona partidaria de la libertad como no dominación abogaría por la supresión de un contexto así.

Por esta mayor radicalidad política y social que comporta la libertad como no dominación, por las pocas manías que tendrá un republicano demócrata para la intervención –siempre democrática y contestable- del Estado (intervención que "contribuya a minimizar o amortiguar la dominación y la dependencia", como escribía Andrés de Francisco ya a punto de finalizar el 2001), la Renta Básica puede ser, y alguna indicación pienso haber dado al respecto, un buen instrumento para incorporar al diseño institucional del ideario normativo republicano. La Renta Básica tiene esa interesante dimensión política: constituiría un freno eficaz a la dominación social.

6. ¿Por qué es una propuesta ecuménica?

Por lo dicho anteriormente, me parece evidente. Expresado con otras y más breves palabras: si se han podido hacer justificaciones normativas de la Renta Básica desde perspectivas tan diferentes y policromas, se puede concluir que estamos ante una propuesta ecuménica. Es más, podemos encontrar gran calidad argumental -y también la más absoluta privación de ella- en un lado y en otro del pensamiento político. (Es necesario recordar que la calidad epistémica es independiente de las ideas políticas: hay quien lo olvida y piensa que por recitar 4 frases izquierdistas ya tiene ahorrada la fundamentación de lo que defiende. Piensa que proclamando el "qué" ya está resuelto el problema. El "cómo" se olvida. El producto suele ser un churro). Así, afirmar el acuerdo o el desacuerdo con la Renta Básica no informa, por sí sólo, de las simpatías políticas de quien emite la opinión. Hay partidarios de la Renta Básica que son políticamente de derechas, otros que son de izquierda moderada y aún otros que se sitúan en la extrema izquierda. La Renta Básica es una propuesta social que aspira a reclutar partidarios de ideas políticas diversas. Es un ejemplo el proyecto de ley que se prevé presentar en diciembre en el Parlamento de Cataluña sobre la Renta Básica, proyecto cuyos principales animadores han sido parlamentarios de distintos partidos: Carme Porta (ERC) y José Luis López Bulla (ICV). Y hay parlamentarios de algún otro partido que también están completamente a favor de la Renta Básica. Carme Valls, de CpC, por ejemplo, es miembro de la asociación Red Renta Básica.

Dicho esto, supongo que no habrá necesidad de afirmar que la Renta Básica ni substituye ni cancela la división entre izquierda y derecha. En relación con esto no está de más añadir que, de acuerdo con lo comentado hasta aquí, no hay ninguna duda de que la RB no es la solución a muchos de los problemas sociales que nuestras sociedades tienen planteados. Problemas como la división sexual del trabajo, la acumulación ilimitada de grandes fortunas, las decisiones tomadas por poquísimos consejos de administración (o dicho de otra forma y ligada al segundo de los problemas citados: las decisiones tomadas por unos pocos miles de familias que disponen de ingresos y riquezas literalmente insultantes) sin el menor control democrático y que afectan a miles de millones de personas, por poner sólo tres ejemplos. De la misma forma que criticar la Renta Básica por aquello que no puede solucionar resulta torpe, también lo es magnificar sus posibilidades más allá de lo que realmente puede hacer.

7. ¿Desaparecería la pobreza?

Esta pregunta es fácil de responder: si la cuantía de la Renta Básica es superior al umbral de la pobreza, no hay duda de que desaparecería la pobreza. El umbral de la pobreza en los países de la Unión Europea se mide en términos de pobreza relativa: son pobres, estadísticamente hablando, todos aquellos que no disponen para vivir de al menos la mitad de la renta media de la sociedad en la que viven. En el Reino de España, este umbral de la pobreza está situado actualmente alrededor de las cincuenta mil pesetas mensuales. Así, por ejemplo, si la Renta Básica alcanzara las cincuenta mil pesetas al mes, unos 300 euros, podríamos considerar que la sociedad española quedaría liberada de la pobreza.

Sin embargo, sabemos que la pobreza no solamente tiene factores estrictamente económicos. Pueden existir factores psicológicos, o puede estar ligada a otros problemas como el alcoholismo u otras drogodependencias. Aun así, estos otros incuestionables factores de la pobreza podrían, si existiera una Renta Básica, ser abordados con mayor eficacia que ahora por parte de los trabajadores sociales. En algunos seminarios y conferencias que he realizado ante trabajadores sociales, aunque entre ellos no había unanimidad en la valoración de la Renta Básica, la exclamación “¡por fin haríamos realmente de trabajadores sociales!” se repitió a menudo.

8. Pero ¿se puede pagar una Renta Básica?

La respuesta a esta cuestión dependerá de lo que respondamos a dos preguntas previas: ¿qué cantidad habría que pagar? y ¿qué modelo de financiación se propone? Esta última cuestión nos remite, a su tiempo, a otros dos interrogantes: ¿deben desaparecer otras transferencias sociales? y ¿deberemos pagar más impuestos? Existen propuestas de Renta Básica muy distintas, en función de lo que respondamos a cada una de estas preguntas.

Respecto de las cantidades, hay que determinar si la cuantía a pagar se establece por debajo o por encima del umbral de la pobreza. Las necesidades de financiación variarán mucho según cuál sea la decisión. Además, habría que ver si se establecen cantidades iguales para toda la ciudadanía o se pagan rentas diferentes para distintos intervalos de edades. En este caso, se entiende que las personas de mayor edad deberían disponer de una cantidad algo superior al resto.

En cuanto a los modelos de la financiación, hay distintas opciones: puede realizarse a través de una redistribución del gasto público (si bien, debe quedar claro, que en las propuestas de financiación no hay ninguna que diga que la Renta Básica substituiría a todas las formas de consumo subsidiado por el Estado, sino solamente a los programas redistributivos del ingreso), o de una reforma del IRPF, o de la creación de nuevos impuestos o de una combinación de todo lo anterior. Hay quien también ha considerado la famosa tasa Tobin como posibilidad parcial de financiación. En todos los modelos de financiación que conozco, los situados en la escala inferior de los ingresos ganan, y los más ricos pierden.

Dinero para pagar una Renta Básica -aunque inicialmente se tratara de una cantidad pequeña, inferior al umbral de la pobreza- lo hay. Es algo perfectamente demostrable. Se trata de lograr que a la factibilidad técnica se añadan las precisas dosis de voluntad política. Mientras, como es harto sabido y harto olvidado por parte de aquellos académicos que les importa un bledo la suerte de sus semejantes más dominados y pobres, el 1% de la población más opulenta de muchos países acapare el 30% de la riqueza (en Estados Unidos entre el 40 y el 50%), oponerse a la Renta Básica por motivos "técnicos" suena más, permítame la franqueza, a burla malintencionada que a razonamiento consistente. A política disfrazada de argumentaciones supuestamente técnicas. Política vergonzante, en definitiva.

9. ¿Trabajaría la gente con una Renta Básica?

Con toda seguridad, sí. Para empezar, pensemos que la mayoría del trabajo social se realiza gratis, de forma no asalariada (trabajo doméstico y trabajo voluntario). Pero hay además muchas razones para suponer que una Renta Básica no provocaría en absoluto una retirada masiva del mercado de trabajo: en primer lugar, la mayoría de la gente busca reconocimiento social, sentirse útil, o incluso una cierta autorrealización en el trabajo además de ingresos: algunas de esas cosas las dan determinados trabajos asalariados, y también otros no asalariados (como el trabajo voluntario). Pero, en segundo lugar, aunque la gente sólo buscara dinero, el deseo de obtener mayores ingresos tiene que ver con muchos factores sociales y culturales, y si no desaparece hoy día incluso con salarios medios y altos, tampoco desaparecería con una Renta Básica que, aunque diera para subsistir dignamente, no permitiría lujos (y quizá menos en sus primeras fases de implantación). En tercer lugar, pensemos que actualmente nuestro problema es que el mercado de trabajo “de calidad” está saturado y por tanto excluye a buena parte de la población: no sería un drama social, sino todo lo contrario, el que algunas personas decidiesen dejar sus empleos-basura o mal pagados para dedicar unos años a formarse, a establecer una familia, a colaborar con ONG’s o a emprender cualesquiera otros proyectos personales, que pueden implicar trabajar no asalariadamente. Al contrario, esto liberaría a mucha gente de la presión irracional por encontrar un empleo a cualquier precio, y les permitiría ser más selectivos y exigentes en la búsqueda, lo que, de pasada, obligaría a los empresarios a ofrecer condiciones más atractivas para algunos empleos.

Alguien podría pensar que todo lo anterior no son más que hipótesis y suposiciones, y que en realidad desconocemos lo que ocurriría. Bien, pero lo cierto es que disponemos de estudios empíricos sobre el tema: algunos modelos de simulación predicen sólo una pequeña retirada del mercado de trabajo por parte de algunos trabajadores/as con empleos mal pagados y desagradables. Otros muestran que el estímulo a aceptar un empleo para aquellos que hoy cobran prestaciones sociales sería precisamente mucho mayor con una Renta Básica, dado que podrían acumular ambas rentas, mientras que ahora eso no es posible (es lo que se conoce como las “trampas de la pobreza” y “del paro”). Por último, en los EE.UU. se realizaron vastos experimentos sociales entre 1968 y 1982 con algo parecido a una Renta Básica: la retirada del mercado de trabajo fue muy reducida, e incluso el nivel de empleo aumentó para algunos grupos. De manera que los temores catastrofistas sobre una sociedad de vagos y ociosos simplemente no encuentran apoyo en todo lo que sabemos y podemos razonablemente suponer.

10. ¿No sería mejor garantizar el derecho al trabajo?

No lo creo, y no porque piense que trabajar no es necesario o deseable, sino por una razón muy simple: porque un derecho tal no es viable, y si hacemos que lo sea, sería al precio de hacerlo indeseable. Pensemos en lo que podría querer decir “derecho al trabajo”: ¿estaría legalmente estatuido de modo que se pudiera reclamar ante los tribunales?; ¿debería implicar el deber de trabajar para toda la población apta para ello, como las “leyes antiparásitos” de la ex-URSS?. Parece claro que un derecho tal, para ser deseable, debería ser un derecho a una remuneración suficiente (no el "derecho" a trabajar gratis, que ya existe de hecho) y a condiciones laborales dignas, ser “socialmente útil” o “ético” (no vale conseguir el pleno empleo fabricando armas o contaminando), y tener algún sentido para el trabajador (no vale garantizar el derecho a ensobrar cartas ocho horas al día).

Pues bien, es dudoso que todas esas condiciones, necesarias para hacer del derecho al trabajo algo deseable y alternativo a la Renta Básica, puedan cumplirse todas a la vez. Para empezar, en España por ejemplo, habría que crear hoy unos 12 millones de empleos dignos, útiles y con sentido (17 si contamos a los empleos-basura y precarios). Si ese milagro se consiguiese de forma no autoritaria, a buen seguro nos saldría mucho más caro que una Renta Básica (por todos los gastos de infraestructura, organización y supervisión que acarrearía). Pero hay otros problemas: ¿qué trabajos habría que aceptar cuando alguien reclame su "derecho"?; ¿se podría exigir un cambio de residencia?; ¿cómo se determinaría la "utilidad social" de los trabajos?; ¿cómo se distribuirían los trabajos desagradables, pero necesarios?; ¿qué pasaría con quienes no aceptaran los "trabajos garantizados" por el Estado?; ¿cómo podría un empleo otorgado como un derecho por el Estado dar reconocimiento social además de una renta?

Parece que la Renta Básica sería una manera mucho más barata, eficiente y equitativa de inducir y favorecer un mejor reparto del trabajo social (no sólo del empleo asalariado) entre toda la población, y hacerlo de forma no coercitiva ni autoritaria. Una Renta Básica, por ejemplo, podría estimular ese reparto al hacer posible y deseable para muchos individuos el trabajar menos horas, de tal modo que otros puedan cubrir el "espacio" que ellos dejen libre (y el empleo así conseguido tendría más posibilidades de ser reconocido socialmente). En este sentido, la reducción del tiempo de trabajo es plenamente compatible y coherente con una Renta Básica. En suma, la Renta Básica podría favorecer un "derecho al trabajo" más efectivo y deseable en la práctica que cualquier política deliberada en ese sentido.

11. ¿Hace el desarrollo tecnológico más perentoria la Renta Básica?

Es evidente que, en principio, el desarrollo tecnológico ahorra trabajo y por lo tanto, en una economía capitalista, puede eliminar empleos o hacerlos más inseguros, aunque esta es una cuestión discutida entre los economistas. En la medida en que lo haga, sin embargo, la pobreza y el paro aumentarán y la Renta Básica puede hacerse más necesaria. Pero hay otros dos sentidos en los que el desarrollo tecnológico puede facilitar el establecimiento de una Renta Básica: en primer lugar, al aumentar la proporción de riqueza que es socialmente producida y heredada -y cuya producción, por tanto, no se puede atribuir a tal o cual individuo-, hará la Renta Básica más plausible en términos éticos y desactivará las posibles críticas meritocráticas hacia la misma. En segundo lugar, al aumentar la productividad puede hacer financieramente posible una Renta Básica bastante generosa en un plazo de unos 15 o 20 años.

En cualquier caso, puede decirse que la deseabilidad en términos de justicia de una Renta Básica es en cierto modo independiente del grado de desarrollo tecnológico, y que también en países con un bajo desarrollo tecnológico la introducción de una Renta Básica podría, a la inversa, constituir un acicate para el desarrollo técnico, económico y humano.

12. ¿Ayudaría a convertir el mercado laboral en un “lugar” más justo?

Parece incuestionable que la garantía de una renta suficiente para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos permitiría algo que ahora es prácticamente imposible para la mayoría de la gente: salir del mercado de trabajo, es decir, optar por el rompimiento de las negociaciones con los empresarios –los empleadores, para decirlo con el benevolente término al uso entre ciertas escuelas de pensamiento económico- cuando las condiciones les resultaran poco favorables Así, la seguridad en los ingresos que supondría una Renta Básica evitaría que los trabajadores se viesen impelidos a aceptar una oferta de trabajo bajo cualquier condición. Desde el momento en que su salida del mercado de trabajo resultara practicable, la relación de trabajo se volvería menos coercitiva. De este modo, la libertad de los ciudadanos, entendida a la manera del republicanismo, es decir, como no-dominación, ganaría terreno.

El mercado laboral es un lugar donde negocian, por un lado, los buscadores de empleo y, por el otro, los empleadores. Los procesos de negociación en este mercado están íntimamente ligados a las diferencias de independencia socioeconómica entre una y otra parte. Quien dispone de mayor independencia socioeconómica es, automáticamente, más independiente respecto de las decisiones que pueda tomar la otra parte de la negociación. Por lo tanto, negocia ya de partida con un mayor margen de maniobra. En otras palabras, no es lo mismo llevar las negociaciones laborales al límite de la ruptura cuando se cuenta, como en el caso de los empresarios, con la posibilidad real de reemplazar a los trabajadores actuales por maquinaria o por trabajadores en paro -los que engrosan las filas del otrora llamado “ejército industrial de reserva”-, que romperlas a sabiendas de que tu subsistencia depende de forma directa –y prácticamente exclusiva- del salario obtenido de los individuos sentados al otro lado de la mesa de negociación, como les ocurre a los trabajadores hoy en día.

La relación laboral que se observa en la actualidad, pues, no puede resultar menos simétrica. En este contexto, una Renta Básica permitiría acabar con la carestía de fondos que empuja a los trabajadores, presos del temor de que el paso del tiempo empeore su posición negociadora, a precipitarse y a aceptar acuerdos que quizás no sean los más favorables para ellos. En otras palabras, la Renta Básica dotaría a los que buscan trabajo de un “colchón” económico suficiente para hacer creíble la amenaza del rompimiento de las negociaciones y, por lo tanto, para incrementar su fuerza negociadora. Parece evidente, en definitiva, que la Renta Básica dotaría a los trabajadores de unos niveles nada menospreciables de independencia socioeconómica respecto de los empresarios, con lo cual las relaciones laborales serían menos asimétricas y el éxito de las reivindicaciones de los trabajadores aparecería como una posibilidad menos quimérica.

13. ¿Ayudaría la Renta Básica a crear una sociedad más igualitaria?

Respecto de esta cuestión, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Mejorarían los salarios bajos? ¿Bajarían los salarios altos? A tenor de lo que plantearon Van der Veen y Van Parijs, los autores del artículo por medio del cual la propuesta de la Renta Básica irrumpió en la escena académica a mediados de los ochenta, el derecho incondicional de los trabajadores a una renta sustancial elevaría simultáneamente los salarios de los trabajos poco atractivos y poco estimulantes, que ahora nadie se vería obligado a aceptar para sobrevivir, y reduciría los salarios medios de los trabajos atractivos e intrínsecamente gratificantes. Por un lado, pues, los trabajos penosos, los que se desempeñan bajo condiciones legales o físicas extremas, dejarían de ser aceptados con los bajos niveles salariales actuales. De este modo, los empresarios, si quisieran que su actividad productiva no se viera interrumpida, deberían plantearse la necesidad de asumir incrementos salariales sustanciales para hacer atractivas tales tareas, por lo menos para algunos individuos y para cierto período de tiempo. Es en situaciones como ésta que el mayor poder de negociación de los trabajadores, derivado a la Renta Básica, hallaría sus frutos.

Por otro lado, con una Renta Básica, puesto que las necesidades fundamentales estarían cubiertas, la gente podría aceptar un trabajo de calidad, altamente gratificante, a pesar de que estuviera remunerado por debajo de los niveles salariales actuales. Existe una serie de tareas que reportan a los individuos que las realizan una satisfacción que va más allá de la mera retribución económica. Es harto conocido el jugoso ejemplo que dio en su día E.O. Wright, uno de los más prestigiosos sociólogos estadounidenses de las últimas décadas. Venía a plantear Wright que un profesor de Sociología cuenta con el privilegio de desempeñar una tarea que no sólo le reporta una –probablemente- substancial remuneración cada fin de mes, sino que, además, supone para él todo tipo de recompensas no pecuniarias: reconocimiento social, posibilidad de un amplio abanico de relaciones personales y, sobre todo, el puro placer de desempeñar una tarea constitutivamente gratificante. Pues bien, cabe pensar que, en la medida en que se cuenta con la seguridad de que dicho profesor no cejará en su empeño en investigar, formarse y transmitir sus conocimientos a las nuevas promociones de sociólogos, no habrá motivo para que, una vez cubiertas sus necesidades elementales con una Renta Básica, su salario se mantenga en un nivel muy por encima del de subsistencia. En definitiva, puede afirmarse sin demasiadas reservas que, con la introducción de una RB, los salarios altos correspondientes a trabajos con recompensas no estrictamente monetarias sufrirán una presión a la baja –todo ello, evidentemente, en el caso de que tales salarios se fijen libremente, esto es, de que no se hallen blindados por determinadas prerrogativas funcionariales-.

14. ¿Con la renta básica, la flexibilidad laboral pasa a ser socialmente sostenible?

Si por flexibilización entendemos fórmulas de trabajo a tiempo parcial, hay que contestar positivamente. Sin embargo, de entrada, es preciso deshacer una confusión endémica que se da habitualmente en el seno de la izquierda, a saber, la confusión entre los objetivos, escogidos por buenas razones de índole ética, y los medios o los instrumentos históricamente propuestos para el logro de tales objetivos. Si de lo que se trata es de dotar a las gentes de libertad real para desarrollar sus planes de vida, entonces los viejos instrumentos vinculados al Estado de Bienestar sólo nos interesan en la medida en que nos permiten lograr esos objetivos políticos. Unos instrumentos, dicho sea de paso, que excluyen cualquier forma de flexibilización del mercado de trabajo.

En este sentido, el hecho de que la izquierda haya empleado históricamente generosos esfuerzos para la construcción de unos instrumentos como los del Estado del bienestar, que en su día se creyeron óptimos, no debe hacernos olvidar que lo central son los objetivos. Si hoy la Renta Básica aparece como la propuesta más eficaz para el logro de la libertad real, auténtico propósito de todo proyecto emancipatorio, no debe ser desechada a resultas de su compatibilidad con ciertas medidas de flexibilización de las condiciones contractuales, a pesar de que esta flexibilización parezca contradecir, de entrada, los esquemas propios de la izquierda en estas últimas décadas.

En cualquier caso, debe evitarse plantear la cuestión que nos ocupa como si, con una RB, resultara más sostenible ceder un cierto terreno a los intereses de los empresarios y permitir desregular los mecanismos de protección social –en tal caso, estaríamos entendiendo la RB como una mera moneda de cambio de utilidad para la arena político-práctica-; de lo que se trata es de asumir que, con una RB, la protección social –cierta protección social, por lo menos- ya existe, ya constituye una realidad inapelable.

De todas maneras, en esta cuestión es necesario matizar mucho. No son pocos los estudiosos de la Renta Básica que han insistido en que un proceso de implantación de la misma podría requerir un cierto gradualismo. Razones tanto de tipo técnico como de índole estratégica han llevado a determinados autores a proponer la implantación de una Renta Básica de cantidad reducida como primer paso hacia una Renta Básica más sustanciosa. Así, mientras la Renta Básica no alcanzara los niveles equivalentes al umbral de la pobreza, las virtudes asociadas a ella no lograrían materializarse. En este sentido, con una Renta Básica muy baja, inferior a la línea de la pobreza, los procesos de flexibilización laboral serían insostenibles desde el punto de vista social: los ciudadanos perderían los mecanismos de protección social sin haber logrado niveles significativos de seguridad en los ingresos.

Por tanto, una Renta Básica haría sostenible socialmente la flexibilización sólo si fuera igual o superior al umbral de la pobreza. Hecha esta apreciación, la flexibilización, en estas condiciones, podría permitir una inusitada coincidencia de intereses entre los empresarios y los trabajadores: el fomento del trabajo a tiempo parcial. Esta coincidencia no debe ser vista como una claudicación por parte de los trabajadores, sino como la manifestación inequívoca de un logro: el de la seguridad en sus ingresos y, como resultado de éste, el de la posibilidad de plantearse fórmulas contractuales más flexibles en aras de unos mayores niveles de realización personal no sólo en el trabajo, sino también en el resto de las esferas de la vida cotidiana.

2006-01-26T18:25:00.000+01:00

La renta básica: lo que es y lo que no es

Daniel Raventós

El País 12-06-01

A lo largo de los últimos meses se han podido leer en la prensa diversas noticias que hacían referencia a la denominada “Renta Básica”. Sin ir más lejos escribían Joaquín Estefanía (El País, 27-05-01), Andrés Ortega y Jordi Sevilla (El País, 28-05-01). Incluso también se ha publicado que existe un proyecto de ley en el Parlamento catalán y que las CCOO de Cataluña apoyan completamente esta propuesta social (La Vanguardia, 07-03-01). Lo que viene siendo un debate en distintos países de la UE, ahora lo empieza a ser en el Reino de España, es una propuesta que algunos consideran una auténtica provocación, otros un desvarío, mientras que cada vez somos más los que consideramos que se trata de una medida técnicamente competente y normativamente impecable. Por Renta Básica (RB a partir de ahora) garantizada para toda la ciudadanía, se entiende un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de otras posibles fuentes de renta que pueda tener y sin importar con quién conviva.

Según la definición apuntada, la RB no debe confundirse con nada parecido a los subsidios condicionados propios del Estado de Bienestar que conocemos. Y ello aunque en algunas comunidades autónomas se dispongan de subsidios que tienen precisamente esta denominación: renta básica. Tampoco debe confundirse, aunque tenga unas similitudes nada superficiales, con el impuesto negativo sobre la renta que hizo famoso hace algunas décadas el Premio Nobel de economía, el conocido liberal conservador Milton Friedman.

La denominación de RB no es usada unánimemente por todos aquellos que han apoyado, criticado o deliberado sobre esta propuesta social. He aquí sólo cuatro denominaciones: Subsidio Universal Garantizado, Dividendo Social, Renta de Ciudadanía, Ingreso Garantizado. En inglés, la expresión más extendida es basic income y en francés revenue de citoyenneté.

Opciones sociales, concretadas mediante propuestas de reforma, para enfrentar alguna realidad que se considera indeseable las hay, y muchas. No todas las propuestas son deseables, ni todas las deseables son realizables.

Para evaluar una propuesta social de mucho calado (y la de la RB lo es sin la menor duda), resulta aconsejable exigirle que pase por dos filtros: el de la deseabilidad ética y el de la viabilidad técnica. Y además, por este orden. Hay propuestas sociales viables que no soportan la menor criba normativa (como resulta el caso de aquellas propuestas banderizas de justicia social que postulan la preponderancia de una raza o de un género), y también abundan las propuestas sociales más o menos deseables éticamente, pero completamente inviables prácticamente, ya sea por razones económicas, psicológicas, biológicas o políticas. No es éste el caso de la RB. Hay buenas razones normativas y técnicas a su favor.

Resultando imposible apuntar aquí ni tan sólo una enumeración de estas razones, centraré la atención en las diferencias más importantes entre la RB y los subsidios condicionados propios del Estado de Bienestar actual.

Para poder acceder a un subsidio que, a diferencia de la RB, sea condicionado, hay que realizar un test de recursos. Este test de recursos es en algunos casos claramente humillante. Vale la pena, para hacer gráfica la afirmación anterior, apuntar algunas de las condiciones para percibir un subsidio directamente relacionado con la pobreza, la Renta Mínima de Inserción (la RMI es una renta que diversas Comunidades Autónomas del Reino de España han puesto en práctica para combatir la pobreza). Estas condiciones son: residencia continuada y efectiva, formar parte de un hogar independiente, no disponer de medios económicos para atender a las necesidades básicas, el compromiso de participar en el plan de inserción individual (algo así como un programa particular para la reinserción laboral), no tener derecho a otras prestaciones públicas superiores a la RMI, no haber causado baja voluntaria en el trabajo, no disponer de bienes muebles o inmuebles que indiquen suficiencia económica, el consentimiento de no interponer reclamación judicial de pensión alimentaria y que no haya otros titulares de la RMI en el núcleo de convivencia familiar.

El subsidio condicionado siempre se percibe ex post, una vez se ha podido demostrar la cantidad de recursos inferior a la fijada para tener derecho a recibirlo. Cuando se llega a cierta cantidad, los ingresos condicionados han tocado techo, no se puede percibir más. Si se percibe alguna renta adicional, se pierde todo o parte del subsidio.

En cambio, la RB:

1. No requiere un test de recursos porque, tal como dice su definición, es universal.
2. Se percibe ex ante.
3. No tiene techo porque se puede acumular a cualquier otro ingreso.

La RB afecta de una manera muy diferente a como lo hacen los subsidios condicionados a dos conocidos problemas: la trampa de la pobreza y la trampa del paro. La primera trampa (la segunda es en realidad un caso particular de la primera) se define de la siguiente manera: la penalización que comporta el aceptar por parte del beneficiario de un subsidio condicionado un trabajo remunerado. La penalización es la pérdida del subsidio condicionado. Un efecto bien conocido de esta trampa es el fraude.

Otra característica de los subsidios condicionados los diferencia también de la RB. Los primeros señalan a sus posibles beneficiarios, los hacen poseedores de esta carga que algún autor ha denominado “estigma de la pobreza”.

La simplicidad administrativa que supondría la sustitución de muchos subsidios condicionados por una RB, habla a favor de esta última. Un subsidio condicionado comporta muchos más controles administrativos con el fin de evitar posibles fraudes de personas que no reúnan las condiciones para poseer la condición de beneficiarios, o para verificar que los que lo están recibiendo no estén realizando alguna actividad incompatible con el subsidio. Entre comités de seguimiento, comités interdepartamentales, órganos técnicos administrativos, equipos de asesoramiento técnico previstos en los trámites y gestión de las ayudas condicionadas contra la pobreza, buena parte de los recursos son captados en los trámites burocráticos.

Tampoco el derecho al sufragio ha sido siempre universal. Tuve la ocasión de comentar en El País (1-10-2000) que la idea del sufragio universal, la idea de conceder el voto a todos, independientemente de su nivel de renta, de su instrucción o de su género, tuvo ilustres y respetables enemigos en la derecha (por razones de principio) y en la izquierda (por consideraciones de oportunidad política). Oposición que fue purgada de la opinión pública por una idea sencilla y éticamente irresistible. Hoy nadie entiende la democracia y la libertad (por diversas y disputadas que puedan ser las diversas concepciones de la libertad: sin ir más lejos la liberal y la republicana) sin el triunfo definitivo del sufragio universal. No creo que pueda entenderse tampoco el futuro de la democracia y la libertad sin la renta ciudadana universal, es decir, sin la garantía política del derecho de existencia económica y social a todos por el mero hecho, precisamente de tener la condición de ciudadanía o, en estos tiempos que empujan a muchos pobres de países pobres a emigrar, de residencia estable.

2006-01-26T18:15:00.000+01:00

La renta básica: un derecho

Daniel Raventós*

El País, 1-10-00

Las sociedades más opulentas y las que no lo son nada generan ricachones y pobres de solemnidad. Este hecho, que el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-2001, Lucha Contra la Pobreza del Banco Mundial constata, no es consecuencia de ninguna ley o certidumbre natural a la que no sería razonable oponer resistencia (como irrazonable sería resistirse a la evidencia de la ley de la gravedad o a la seguridad de que compartimos un porcentaje mayor de ADN con los gorilas que con los caracoles). La pobreza es una opción social, es el resultado agregado, unas veces muy mediato e indirecto, otras no tanto, de decisiones que toman personas (a veces muy pocas) de carne y hueso. Como fabricar armas, como asegurar a determinado grupo el salario de por vida, como condenar a otros grupos a la más absoluta inseguridad laboral, como permitir que unos pocos acumulen fortunas fantásticas o como asignar una partida de los Presupuestos Generales a la Casa Real. Justificables o infames, estos pocos ejemplos son opciones sociales.

Allá más, aquí menos; pero muchos pobres por doquiera. La Unión Europea define a la persona pobre como aquélla que recibe unos ingresos inferiores a la mitad de la renta media del área geográfica de referencia. De la población del Reino de España, más de un 20 %, es decir, alrededor de 8 millones de personas, cae por debajo del umbral o línea de la pobreza. Lo que quiere decir que se sostienen con menos de 50.000 pesetas al mes, cantidad redondeada que delimita el umbral de la pobreza. No son poca gente 8 millones.

Los remedios diseñados para hacer frente a la pobreza han sido muy diversos. Los tradicionales, es decir, los que se han practicado hasta ahora con más o menos fortuna, vistos los resultados, no han servido para mucho. Las diferencias, por el contrario, son mayores: ahora el 20 % más rico de la población mundial tiene una proporción de 80 a 1 respecto al 20 % más pobre. Hace 40 años era de 30 a 1. Los remedios tradicionales, además, acostumbran a estar pensados para el largo plazo. Mientras, se van muriendo por causa directa de la pobreza un buen puñado de millones de personas al año. No creo que, constatado este triste panorama, sea ni siquiera audaz proponer algún nuevo diseño, como el que inmediatamente mencionaré. Este diseño, que no necesariamente es incompatible con algunos de los tradicionales (educación, sanidad, eliminación de las discriminaciones…), es urgente hacerlo realidad porque la alternativa ya la sabemos: pobreza creciente. Es decir, hambres, muertes y sufrimientos de los que puede evitarse.

Hace tres lustros, y aunque ideas similares pueden rastrearse desde mucho antes, surgió una nueva propuesta contra la pobreza, aparentemente descabellada, con toda seguridad a contracorriente de los dogmas del momento, descarada hasta el insulto y sencilla como toda buena propuesta de reforma social: la renta básica (RB). La RB (o subsidio universal garantizado o renta de ciudadanía, como también ha sido bautizado el mismo concepto), es ni más ni menos que un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, esto es, independientemente de sus otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva.

La propuesta de la RB, que está rompiendo los límites académicos en donde nació y se tuvo que ganar solidez analítica, no está pensada sólo para países o zonas ricas. Si bien los desarrollos técnicamente más refinados se han dado en zonas económicamente ricas, hay propuestas y simpatías por algunas versiones de la RB en países que no pueden ser englobados entre los ricos.

La RB, precisamente por su sencillez, parece incordiar a quienes reflexionan precipitadamente o andan abonados a las fórmulas hechas. Que incomode a ciertos ideólogos de la derecha política o intelectual, es normal. La cantinela es la de siempre: interfiere en las asignaciones del mercado y esto crea ineficiencias, cría vagos, hace a la gente poco responsable. Más extraño es que parezca incomodar también en algunos ambientes de la izquierda, pero a lo mejor tiene su explicación: tener que pensar con propuestas que abandonan buena parte de lo repetido durante décadas (la centralidad del trabajo asalariado, por ejemplo) es más mortificante que la cansina repetición de lo mismo.

Pero salvadas algunas objeciones técnicas (algunos Premios Nobel de Economía ya avalan la seriedad de la propuesta de una RB), se puede conjeturar que la idea de garantizar políticamente una subsistencia digna a los ciudadanos de un país democrático, por el solo hecho de ser ciudadanos, es una idea de tal fuerza normativa, que acabará barriendo a todas las consideraciones de oportunidad que puedan oponérsele.

También la idea del sufragio universal, la idea de conceder el voto a todos, independientemente de su nivel de renta, de su instrucción o de su género, tuvo ilustres y respetables enemigos en la derecha (por razones de principio) y en la izquierda (por consideraciones de oportunidad política). Esa “sensata” oposición fue lenta pero vigorosamente barrida de la opinión pública por una idea sencilla y éticamente irresistible. No se puede entender hoy la democracia y la libertad sin el triunfo definitivo del sufragio universal. Tampoco se entenderá en el futuro (o ese es, al menos, mi augurio) la democracia y la libertad sin la renta ciudadana universal, es decir, sin la garantía política del derecho de existencia económica y social a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo.

* Daniel Raventós, autor del libro El derecho a la existencia (ARIEL, 1999), es profesor en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona.

2006-01-23T16:00:00.000+01:00

La renta básica de ciudadanía

MANIFIESTU pretende, en la medida de sus posibilidades, contribuir al necesario debate sobre la implantación de la Renta Básica de Ciudadanía.

Por Renta Básica de Ciudadanía se entiende un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho (o residente) de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de otras posibles fuentes de renta que pueda tener, y sin importar con quien conviva (D. RAVENTÓS).

Se trata por tanto del derecho de todos los ciudadanos (o residentes) a percibir una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida y cuya percepción no está sujeta a otra condición que la de ciudadanía o residencia. Equivale al derecho a una existencia digna.

El objetivo de la implantación de la Renta Básica es asegurar a todas las personas un umbral mínimo de bienestar y un grado mínimo de autonomía, libertad, e independencia material frente a otras personas. No se trata solamente de una medida contra la pobreza. También es una medida para mejorar la independencia socio-económica de los ciudadanos y la posibilidad de disfrutar de la libertad real, entendida ésta como no dominación.

En cualquier caso, la Renta Básica de Ciudadanía es complementaria y compatible con otras prestaciones universales e incondicionales, como las prestaciones sociales, sanitarias, educativas, etc., todas ellas imprescindibles para que un Estado pueda ser considerado como un verdadero Estado Social.

La Renta Básica no debe confundirse con los subsidios condicionados que conocemos y que se han instaurado en algunos países y Comunidades Autónomos (por ejemplo, el salario Social de Asturies). Los subsidios condicionados se perciben una vez se ha demostrado que la cantidad de recursos disponibles es inferior a la fijada para tener derecho a percibirlo. Si se percibe alguna renta adicional se pierde todo o parte del subsidio. Por el contrario, la Renta Básica, como hemos dicho, es incondicional y universal.

La Renta Básica está justificada desde el punto de vista ético y es una propuesta viable técnicamente. Es decir, no solo es una medida justa, sino que además es una propuesta realista que puede ser llevada realmente a la práctica. Son muchos los estudios que demuestran la viabilidad económica de su implantación, algunos de los cuales pueden encontrase en esta página y en la página de Red Renta Básica.

La Red Renta Básica (www.redrentabasica.org) es una Asociación que inició su actividad a principios de 2001 y que tiene como fines la promoción y el estudio sobre la Renta Básica. Es la sección oficial de la organización internacional Basic Income Earth Network (BIEN) (www.basicincome.org).

En las páginas web de estas dos organizaciones podrás encontrar una amplia documentación sobre la Renta Básica.

2006-01-14T19:01:00.000+01:00

Entrevista

Philippe van Parijs

18/12/05

Philippe Van Parijs, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es el más destacado defensor de la propuesta de una renta básica universal e incondicional de ciudadanía. Benedetta Giovanola lo entrevistó recientemente para un libro compilado en Italia por Stefano Simplici (Il Mercato giusto e l'etica sociale della società civile, Milán: ed. Vita e Pensiero, 2005).

Reproducimos a continuación el texto de la entrevista

Profesor Van Parijs, ¿cómo definiría brevemente la propuesta, por usted avanzada, de una Renta Básica? ¿Cuál sería, a su modo de ver, el principal motivo (o los principales motivos) para defenderla, sea desde un punto de vista ético, sea desde el de la promoción de los derechos humanos?
La idea es muy simple: conferir incondicionalmente a cada persona, rica o pobre, activa o inactiva, sea cual sea la forma de convivencia por ella escogida, una renta modesta completamente compatible con cualquier otra renta –salarios, intereses del ahorro, subsidios condicionados-. La justificación más frecuente de la Renta Básica apunta a la necesidad de luchar contra la pobreza evitando estigmatizar a los pobres y, a la vez, sin encerrarlos en la trampa de la dependencia en la que los sistemas convencionales de rentas mínimas garantizadas tienden a atraparlos. La invocación de un derecho humano a una subsistencia mínima no bastaría para justificar una propuesta tal, pues un derecho de este tipo podría verse cumplido a través de los sistemas de asistencia social convencionales, que se focalizan sobre los pobres y que requieren de éstos la disposición a trabajar. Una justificación adecuada requiere el llamamiento a una concepción de la justicia anclada en la aspiración de dotar a cada cual, no sólo de la posibilidad de consumir, sino también de escoger su forma de vida.

Algunos críticos de la Renta Básica comparten la convicción de que las instituciones, en lugar de garantizar una base económica a todos los ciudadanos, deberían concentrarse especialmente en los más pobres y desfavorecidos, sea por vía de políticas de mantenimiento de la renta, sea a través de mecanismos para la "inversión social" que puedan conducir a una "activación" de estos individuos que, a su vez, los dote de una verdadera capacidad para hacer frente a la pobreza a lo largo de su vida (por ejemplo, las políticas de inserción laboral de los desocupados o de promoción de la educación al término de la infancia). Usted sostiene que, lejos de resolverse en una oposición, ambas políticas no sólo podrían resultar perfectamente compatibles, sino aun alimentarse mutuamente, ¿no es así?
Para responder esta pregunta es preciso, de antemano, aclarar bien tres cosas. En primer lugar, si un dispositivo de tipo universal me parece preferible a un dispositivo focalizado en los más pobres –no sólo en materia de sostenimiento de la renta, sino también en materia de políticas sanitarias, educativas o de subsidios a las familias-, no es porque sea mejor para los más ricos, sino porque es mejor para los más pobres: la universalidad hace de la recepción del subsidio –la Renta Básica, en este caso- algo menos humillante, a la vez que aminora el peligro de que encarcele a los más pobres en una situación de inactividad. En segundo lugar, una renta de base es plenamente compatible con una ayuda complementaria condicionada a circunstancias particulares –por ejemplo, una mala salud o escasos grados de calificación-. No se trata de reemplazar estas prestaciones condicionales, sino de permitirles un mejor funcionamiento a un nivel reajustado situando por debajo de ellas un suelo incondicional. En tercer lugar, una renta de base universal es, claro está, plenamente compatible con una enseñanza de calidad obligatoria y gratuita para todos. La Renta Básica debe ser concebida como un elemento simple y central, en ningún caso exclusivo, del conjunto de mecanismos eficaces para la lucha contra la pobreza y el paro que una idea de justicia requiere.

La Renta básica tiene, como efecto inmediato, el de garantizar a todos los ciudadanos una fuente mínima de ingresos para su sostenimiento. Desde un punto de vista no estrictamente económico, ¿puede ello conjugarse con la promoción de algún derecho humano fundamental? Más allá de los objetivos más aparentes, usted sostiene que la Renta Básica puede ser vista también como un instrumento para la consecución de unos objetivos más amplios, desde la promoción de una libertad substantiva por parte de las personas hasta el fortalecimiento de su capacidad de decisión y de autorrealización.
Si bien es cierto que unos niveles mínimos de consumo constituyen la condición de posibilidad de todo lo demás, la libertad real de una persona no se reduce a la posibilidad de consumir. La libertad real de una persona tiene que ver también con la posibilidad de combinar, en grados distintos –y variables a lo largo de la existencia de cada cual- la actividad remunerada, la actividad útil no remunerada y el tiempo libre, así como con la posibilidad de escoger una actividad remunerada más o menos atractiva. Es esta libertad real de carácter multidimensional lo que se promueve a través de una renta incondicional; y, claro está, tanto más, cuanto más elevada sea ésta.

Con estas últimas consideraciones nos aproximamos a una cuestión que sale a relucir frecuentemente en los debates contemporáneos sobre lo que podríamos definir como la "teoría de los derechos humanos", por un lado, y la "teoría de las capacidades personales", por el otro. ¿Se podría sostener una posición que tratara de conciliar ambas perspectivas, señalando la fecundidad de una influencia recíproca entre la una y la otra? ¿Cómo concebir el papel de la Renta Básica en relación con estas dos perspectivas teóricas?
La noción de "derecho humano" ha jugado un papel políticamente importante a escala mundial, pero me parece filosóficamente vaga y frágil. En lugar de partir de una lista de derechos humanos que hay que ir logrando gradualmente, me parece más fructífero partir de una noción general de la justicia que combine el respeto del pluralismo y la solidaridad substancial y, desde ahí, tratar de concretarla de forma coherente y plausible considerando especialmente la responsabilidad individual y la eficacia económica. Ello nos conduce, a mi modo de ver, a un criterio de maximin sostenible de la libertad real: las instituciones son justas si confieren de forma duradera a los que tienen menos las mayores capacidades posibles.

En efecto, en uno de sus trabajos más importantes usted articula la perspectiva de la "libertad real". Otros influyentes pensadores contemporáneos, como John Rawls o Amartya Sen, han atribuido un papel central a la cuestión de la "libertad substancial". ¿Cuáles son las principales divergencias y cuáles los puntos de convergencia más relevantes entre sus posiciones?
La maximización del índice medio de bienes primarios asociado a la peor posición social (Rawls), la igualación de las capacidades básicas (Sen), la igualación de los recursos internos y externos (Dworkin) y la maximización del valor de lo que reciben (en un sentido muy amplio) aquellos que menos reciben (Real Freedom for All) son cuatro formas de tratar de combinar con cierta precisión el anhelo ("liberal") de respetar la diversidad de las concepciones de la vida buena y el anhelo ("igualitarista") de respetar los intereses de todos. Tales perspectivas difieren de distintas maneras, tanto en sus motivaciones como en sus implicaciones. Una diferencia significativa entre la versión de este liberalismo igualitario que defiendo yo y las otras radica en el hecho de que la primera es compatible con una renta incondicional concebida como algo muy distinto que un mero mal menor, y en que exige incluso su instauración a un nivel substancial, por lo menos en el contexto que definen las circunstancias prevalecientes en la actualidad en las sociedades económicamente más desarrolladas.

Finalmente, desde el punto de vista de su aplicación, ¿cómo cree que las instituciones podrán reunir los recursos necesarios para la instauración de una Renta Básica? En particular, ¿cómo concibe que la introducción de una Renta Básica pueda llevarse a cabo sin interferir demasiado en los mecanismos del mercado?
La concesión a cada individuo de una Renta Básica en ningún caso es incompatible con un buen funcionamiento del mercado de trabajo. Al eliminar o reducir las trabas financieras creadas por los sistemas existentes de asistencia y de indemnizaciones en caso de paro, al hacer socialmente aceptable una flexibilidad mayor, la Renta Básica puede incluso contribuir a hacer funcionar mejor que en la actualidad el mercado de trabajo poco calificado. Cierto es, sin embargo, que esta Renta Básica se ha de financiar. En ciertas situaciones, como en Alaska desde 1981 y, según algunos, también en Irak o en Nigeria, resulta realista financiar la Renta Básica a través de los recursos de un fondo constituido a partir de los ingresos obtenidos de la explotación del petróleo. En la mayoría de los casos, sin embargo, la vía más directa consiste en abolir la exención fiscal de los tramos de renta más bajos, reduciendo todos los subsidios sociales existentes (pensiones, subsidios de invalidez y de paro, etc.) hasta el importe de la Renta Básica (o aboliéndolos si el importe de aquéllos es inferior al de ésta), e instaurar, como compensación, una Renta Básica modesta para todos los residentes adultos. En una primera fase, esta renta puede ser sensiblemente inferior a lo que necesita para subsistir (incluido el alojamiento) una persona que viva sola. Sin embargo, incluso a este nivel bajo, la Renta Básica producirá ya algunos de los efectos que de ella se esperan. De este modo, se tratará a continuación, una vez que el "conducto" esté instalado, de aumentar gradualmente el "flujo" de la renta.

Tras veinte años de existencia, la Basic Income European Network (BIEN), la red de los estudiosos de este tema, se ha abierto a las contribuciones provenientes de los otros continentes, transformándose así en la Basic Income Earth Network. Usted fue uno de los fundadores de la BIEN y ha sido su Secretario durante mucho tiempo. ¿Cuál es el balance de estas dos décadas y cuáles son las perspectivas de futuro?
El desarrollo que la red ha vivido, especialmente en Brasil y en Sudáfrica, me ha dejado estupefacto. Desde luego, he tomado buena nota de esta alentadora lección: un esfuerzo persistente por difundir, más allá de las fronteras, informaciones y referencias fiables, pese a ciertas limitaciones, puede lograr un efecto considerable. Pero este esfuerzo sólo puede resultar fructífero si se articula alrededor de una voluntad intransigente de atreverse a situarse infatigablemente en el punto de mira de las críticas más duras, más inteligentes y más sutiles que la propuesta recibe, sea cual sea el ámbito político o la disciplina de la que provengan tales críticas. Este esfuerzo sólo puede resultar eficaz si en él tiene cabida toda la diversidad de funciones que deben cumplirse para que una idea termine conformando la realidad: visionarios audaces y proyectistas ingeniosos, modelizadores desencarnados y militantes de la observación participante, agitadores rebeldes y oportunistas desacomplejados; todos tienen que jugar su papel para que el curso de la historia pueda orientarse hacia la dirección que a todas luces la justicia exige. Corresponde ahora a una generación más joven, junto a una gran multiplicidad de redes nacionales, el hacer vivir el movimiento.

Traducción para www.sinpermiso.info: David Casassas

Referencia bibliográfica:
Yannick Vanderborght & Philippe Van Parijs (2005), L'Allocation universelle, Paris: La Découverte ("Repères"), traducción castellana en la editorial Paidós (en prensa).

www.sinpermiso.info, 18 diciembre 2005